La Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla denunciaron ayer que el incremento de las pensiones para los huérfanos de violencia de género aprobado el pasado marzo "todavía no es efectivo" para los casos anteriores a esa fecha.
Así lo pusieron de manifiesto durante la presentación del tercer Informe Anual que elaboran sobre los huérfanos de la violencia machista, que desde 2013 „cuando empezaron a contabilizarse de forma oficial„ ascienden a 243 menores, incluidos los trece niños que perdieron a sus madres por estos asesinatos en lo que va de 2019.
"El problema con la ley es que todavía no es efectiva, al menos en los casos antiguos", advirtió la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, que cree que "los casos nuevos" habidos desde que se aprobó el aumento de esas pensiones "no tendrán ningún problema". Por ello, reclamó "celeridad" a la Administración y ha instado al nuevo Gobierno que se constituya que este tema "sea una prioridad" para poder garantizar los criterios de retroactividad que contempla la ley y que estas ayudas lleguen también a los casos de menores anteriores a la entrada en vigor de la ley.
Soleto no especificó hasta qué año deberían revisarse los casos aunque remarcó que "hay posibilidades de retroactividad" y que están "a la espera" de que el desarrollo reglamentario de la ley "precise cuáles son las condiciones".
El marido de Soledad Cazorla, primera fiscal contra la Violencia sobre la mujer y promotor del Fondo de Becas, Joaquín Tagar, pidió a la Seguridad Social que "actúe de oficio" a la hora de conceder estas pensiones, de modo que no sean las familias las que tengan que pedir estas ayudas para poder cobrarlas. "Que no se tenga que aplicar la ley pidiéndolo", señaló Tagar.
