03 de junio de 2019
03.06.2019

La Xunta aumentará la distancia real obligatoria entre los locales de juego y los centros escolares

Mantendrá los 150 metros actuales, pero variará el método para calcularlos - Presentará hoy al sector la nueva Lei do Xogo

03.06.2019 | 09:38
La Xunta aumentará la distancia real obligatoria entre los locales de juego y los centros escolares

La Xunta de Galicia pretende aumentar la distancia real obligatoria que debe existir entre cualquier establecimiento de juego o apuestas y los centros escolares. La nueva Lei do Xogo mantendrá los 150 metros de separación actuales, pero variará la fórmula para medirlos, "con lo que en la práctica la distancia será mayor", asegura el Ejecutivo, que hoy presentará en la Comisión do Xogo el borrador de la nueva legislación, que actualizará este año una normativa que data de 1985.

La irrupción del juego a través de internet y de las apuestas deportivas a las que Galicia abrió la puerta en 2012 han modificado el sector -esta última modalidad de azar mueve ya 134 millones de euros al año-, pero también han generado quejas sobre el impacto social de estas prácticas. Asociaciones de ayuda a ludópatas han calificado incluso de "epidemia" comparable a la de la heroína en los años ochenta la afición patológica al azar.

La Vicepresidencia de Alfonso Rueda encaró un proceso de reforma legal hace meses en una negociación que empresas, asociaciones y expertos. Hoy les revelará el borrador de la nueva Lei do Xogo.

Además de esa modificación técnica en la distancia entre colegios y tiendas de juego, se amplía la obligación de separación de 300 metros entre salones de juego. Ahora no podrán estar a menos de esa distancia cualquier tipo de establecimiento de juego, incluyendo las tiendas de apuestas o los bingos.

Sin embargo, ahora es necesario analizar la letra pequeña para conocer qué repercusiones tendrán estas decisiones sobre locales que ahora incumplan esa normativa y si estarán obligados a cerrar. De lo contrario, y ante el veto a abrir nuevas tiendas o salones de juego, su repercusión será nula a corto plazo.

Hace unas semanas, la Xunta aprobó un decreto para congelar durante nueve meses al menos la apertura de nuevos negocios, fijando en 118 salones de juego (97 en funcionamiento y 21 en tramitación) y 41 salas de apuestas los locales permitidos en Galicia. Ayer informó de que también congelará los permisos para abrir bingos, que no excederán de los 12 actuales.

En esta línea, se limitará también el parque de máquinas de apuestas deportivas y tipo B -las tradicionales tragaperras - . En la actualidad, una de esas terminales puede darse de baja definitiva, pero la licencia no se pierde y el empresario puede instalar otra en otro lugar. "Con la nueva normativa, las máquinas que se den de baja irán reduciendo el límite máximo en la proporción correspondiente y se podrán dar nuevas autorizaciones", avanza la Xunta.

Su decisión se produce más de dos años después de que elevase el máximo de máquinas de apuestas que pueden instalarse en locales de hostelería, pasando de 2.000 a 3.600, decisión que vinculó a las peticiones del sector.

El objetivo de la nueva legislación es "reforzar los controles y fomentar el juego responsable", actualizando el régimen sancionador y los responsables de cada infracción. También afectará a uno de los ámbitos más criticados por las asociaciones de ayuda a los ludópatas: la publicidad. "Solo se permitirá la publicidad en prensa escrita y limitada a los supuestos concretos y tasados en la norma, así como en los locales específicos de juego", expone la Xunta, que reconoce que esta cuestión se concretará en decretos posteriores. Eso sí, las competencias autonómicas impiden evitar que estrellas del deporte promocionen las apuestas en anuncios televisivos, como reconoció el Ejecutivo a este diario.

Durante los trabajos para elaborar la nueva legislación, la Xunta preveía prohibir a las casas de apuestas regalar bonos de dinero y partidas gratis para captar clientes, así como conceder préstamos, como avanzó LA OPINIÓN en enero.

Además, pretendía también obligar a los dueños de bares y cafeterías a controlar si los menores apostaban en sus máquinas, obligando a utilizar un sistema de activación remoto similar al de las máquinas de venta de tabaco, como publicó el año pasado LA OPINIÓN.

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