La Fiscalía General del Estado ha detectado que las medidas para evitar y denunciar los abusos sexuales a menores en la Iglesia son "deficientes" y urge a esta institución a llevar cada sospecha a la justicia prescindiendo de "comprobaciones o filtros internos de verificación".
La Fiscalía respondió en esos términos a la solicitud del Ministerio de Justicia de un informe sobre las diligencias abiertas actualmente sobre agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones religiosas, los colegios o cualquier otra institución religiosa.
El Ministerio Público reconoce que no tiene en sus registros datos concretos sobre las denuncias o procedimientos relativos a la Iglesia, pero sí revela una realidad de "indudable gravedad", con 293 procedimientos iniciados en general (no solo en la Iglesia) en toda España por abusos de menores en 2018 y una treintena en el primer trimestre de este año.
En lo que respecta a la Iglesia, la Fiscalía indica que los abusos a menores en su seno son "una realidad compleja", dado que se trata de "entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad", lo que dificulta la detección de casos.
La Fiscalía subraya la necesidad de aplicar medidas para detectarlos casos que se hayan podido producir, castigar penalmente a sus autores, reparar "en lo posible" a las víctimas y establecer mecanismos de prevención. Y cita órganos creados en otros países, como la Real Comisión en Australia, la Comisión Deetman en Holanda o la Comisión de investigación dependiente de la Conferencia Episcopal en Austria, todos ellos ejemplos de colaboración y coordinación de entidades, instituciones y administraciones.
En el informe de la Fiscalía, adelantado ayer por El País, el ministerio público subraya su compromiso para participar en iniciativas parecidas que pudieran constituirse en España.
