Los seis representantes de la sociedad civil que presionan para modificar la futura Lei do Xogo denuncian el papel marginal de la prevención de la ludopatía y la escasa limitación a la promoción de este negocio.
Agalure y Agaja proponen dos vías de financiación de la prevención y el tratamiento de adicciones. Por un lado, destinar el 5% de las sanciones impuestas a esas tareas. Por otro, fijar una tasa a este sector del 0,3%.
Todos coinciden en proponer la creación de un Observatorio del juego, si bien ofrecen un abanico amplio de medidas, como incluir charlas en los colegios sobre la adicción al juego.
La publicidad es otro de los temas recurrentes en sus quejas. El borrador de la ley prohíbe la promoción del juego en radio y televisión, especialmente en programas "dirigidos al público infantil" y la permite en prensa escrita mientras no se concrete un futuro desarrollo normativo. Las alegaciones abogan por el veto absoluto o un trato similar al del alcohol. Se abre la duda de cómo afectará la ley a los patrocinios deportivos como los de los equipos de fútbol.
