El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, y los presidentes de los Colegios Oficiales de Médicos de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra firmaron ayer un convenio de colaboración para coordinar los esfuerzos para combatir y perseguir como delito estas agresiones físicas o verbales a facultativos.
"Se trata fe un mecanismo para agilizar procedimientos y estimular las denuncias", aseguró el fiscal superior sobre el protocolo que se implantará en Galicia y que resulta "muy similar" a los puestos en funcionamiento en otras comunidades autónomas como Madrid, Valencia o el País Vasco.
El convenio establece un protocolo para facilitar la actuación inmediata en el caso de que se produzca un incidente violento contra un médico. Para ello, el médico objeto de la agresión deberá dar a conocer el caso a su correspondiente Colegio de Médicos, desde donde se procederá a presentar una denuncia ante la Fiscalía para que sea esta quien se encarga de abrir las oportunas diligencias de investigación penal y, en caso de estimar que existen indicios suficientes de delito, llevar el asunto ante el juzgado de instrucción.
Además, este convenio otorga preferencia a este trámite antes que a la presentación de denuncia directamente en el juzgado o en la policía, con el objetivo de evitar duplicidades.
La reforma del Código Penal de julio del año 2015 contempla las agresiones a sanitarios que trabajan en el sector público como delito de atentado contra la autoridad.
