La Unidad Adscrita de la Policía Nacional en los Juzgados de Plaza Castilla (Madrid) remitió a la Fiscalía un informe que apunta a que Infancia Libre, la organización que se dedicaba supuestamente a la protección de los niños, operaba como una organización criminal, según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación.
Desde el 1 de abril fueron detenidas María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, y otras tres mujeres vinculadas a esta organización. Fue ella la que en 2017 participó en una comisión en el Congreso invitada por Podemos, donde denunció varios casos de abusos sexuales de los "más de 170" que, según decía, habían sido contabilizados por esta organización.
La Fiscalía no decidió si abrirá diligencias de investigación agrupando los cuatro casos dentro de un único procedimiento, incluyendo otras denuncias de afectados. Según precisaron fuentes jurídicas a Europa Press , el Ministerio Público aún tiene que estudiar el informe policial. Este informe, según adelantó la Cadena Ser, consta de unas 200 páginas y fue entregado el pasado 23 de julio en la Fiscalía Provincial de Madrid. Los investigadores de la Policía apuntan a que la asociación actuaba como una red criminal para tramitar denunciar falsas al objeto de perjudicar a los padres retirando la custodia de los menores. Para ello, las madres denunciantes fundadoras de Infancia Libre o vinculadas a esta organización se apoyaban presuntamente en profesionales de la medicina y la abogacía, que eran los encargados de tramitar denuncias con un mismo patrón. En concreto, se recabaron indicios de que Infancia Libre dirigía a las madres al psiquiatra Antonio Escudero y a la abogada Carmen Simón. Desde Granada actuaban psicólogas en connivencia con la asociación.
Los agentes de la Policía Judicial tomaron declaración a unos 50 padres desde que el pasado mes de abril fuera detenida por retención de su hijo María Sevilla, presidenta de Infancia Libre.
