El Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de vientres de alquiler que operan en España. Este ministerio recuerda que la gestación por vientres de alquiler está prohibida por la legislación y las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país "se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países".
Otras circunstancias que tiene en cuenta el Ejecutivo en su petición son la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas. Todo ello sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor, subraya Justicia.
La legislación española declara "nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero". Por ello, son numerosas las familias que acuden a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera.
La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, aseguró que se perseguiría "a las mafias" que trafican con los vientres de las mujeres "aquí y dónde sea", mientras que las titulares de Sanidad, María Luisa Carcedo, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, la compararon con "la compra venta de niños.
El debate sobre su posible legalización fue abierto por Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, considera que en la gestación subrogada "solo hay amor, vida, libertad y respeto" y que recurrir a los vientres de alquiler es "un derecho".
