Las farmacias españolas cumplen ya dos años con dificultades para abastecerse de algunas medicinas, un problema que, lejos de resolverse, se cronifica. Los últimos datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) elevan a 540 los medicamentos medicamentoscon falta de suministro en las boticas. Escasean ciertos analgésicos, ansiolíticos y fármacos para el corazón, la tensión o la circulación e incluso antibióticos o píldoras anticonceptivas, entre otros. Un ejemplo sería el anticonceptivo oral Ovoplex, que tiene comunicado a través de la Aemps un desabastecimiento desde el pasado 8 de agosto, con fecha prevista de finalización el 23 de septiembre. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC) informan de que su sustituto también financiado, Rigevidon, "no ha comunicado problemas de suministro", aunque reconocen que algunos boticarios coruñeses refieren problemas para localizarlo. En este caso, habría otra opción sin financiar, Microgynon, "cuyo precio ronda los 16,50 euros".
Del más medio millar de medicamentos que no llegan o lo hacen a cuentagotas a las farmacias españolas en la actualidad, hay sustituto para ocho de cada diez. Ocurre con fármacos tan conocidos como el antipirético infantil Dalsy, el ansiolítico Trankimazin o el Adiro que toman quienes han tenido algún accidente cardiovascular. "En la mayoría de los casos el propio farmacéutico ya le da otro medicamento igual que el que tenía prescrito. Puede ser genérico o de otra marca, pero el único trastorno es hacerse al nuevo envase", indicó recientemente a este diario el presidente del COFC, Héctor Castro, quien destacó la "importante labor" que están realizando los profesionales de la oficina de farmacia para solucionar de un modo ágil la falta de ciertos medicamentos prescritos sin necesidad de que el paciente tenga que volver a su centro de salud.
En la misma línea, el farmacéutico coruñés Carlos Varela, consejero del grupo Cofares y vicepresidente del Grupo Europeo de la Distribución Farmacéutica (GIRP), reconocía en una entrevista con LA OPINIÓN que el desabastecimiento de medicamentos "preocupa mucho" a los profesionales del sector, aunque insistía en que en que no había "motivos para la alarma". "Ningún enfermo se va a quedar sin medicinas para tratar sus dolencias. Tenemos un buen sistema sanitario, y gracias a la labor de los profesionales de las oficinas de farmacia, disponemos de alternativas para las moléculas desabastecidas: medicamentos de sustitución, elaboración de fórmulas magistrales...", señalaba, e insistía en que "ni las farmacias ni la distribución son responsables de los casos de desabastecimiento que se están produciendo".
Las dificultades en el abastecimiento de medicamentos responden, destacó Varela, "a un problema global, en el que concurren multitud de factores". "La concentración de la fabricación de principios activos y de producto terminado „en países asiáticos, como China o la India, donde a las grandes farmacéuticas les sale más rentable producir„, que dificulta la necesaria flexibilidad para responder a picos inesperados de demanda y aumenta el impacto en caso de que se registren incidencias en algunas de las plantas de elaboración, es una de las causas principales, al igual que el bajo precio de los medicamentos que desincentiva su comercialización", indicaba el vicepresidente del GIRP, quien aseguraba que el acopio de fármacos por parte del Reino Unido ante el Brexit también influye, aunque en este caso, el problema es "puntual".
Más sanciones
Para tratar de poner fin a la falta de suministro de fármacos, la Aemps acaba de poner en marcha el Plan de Garantías de Abastecimiento de Medicamentos 2019-2022, que pretende actuar "tanto sobre las causas como en la reducción del impacto de las consecuencias", porque, según reconoce el propio documento, esta situación "supone una importante sobrecarga para médicos, farmacéuticos y administraciones sanitarias, con elevados costes asociados". Entre las medidas propuestas por la Aemps, destaca una revisión de la política sancionadora, para que los expedientes se gestionen "en función del impacto clínico y la gravedad del problema de suministro originado", para que ejerzan así un efecto disuasorio. Para ello, sugieren incluir la sanción grave por impacto en la salud en el Real Decreto 1/2015, y "progresar en la política de sanciones", discutiendo los aspectos necesarios para que sea efectiva.
