Galicia cuenta con más de 3.470 casos activos de violencia de género, es decir, que son objeto de atención policial. Un cifra que sitúa a la comunidad como la quinta con más casos de este tipo, solo superada por Andalucía (15.807), Comunidad Valenciana (9.133), Madrid (8.125) y Canarias (3.806), según los datos del pasado mes de julio, los últimos publicados por el Ministerio del Interior. Una cifra que no deja de aumentar ya que la coordinadora del Área de Igualdad de la Delegación del Gobierno en Galicia, María Debén, aseguraba esta misma semana que el número de casos activos en la actualidad era de 3.565, casi cien más en apenas mes y medio.

La protección y seguridad de las mujeres maltratadas se gestiona a nivel nacional a través del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). Una base de datos donde figuran todos los casos de malos tratos „que no son los mismos que las víctimas ya que si una mujer tiene varios agresores a lo largo de su vida se abrirían varios casos, uno por maltratador„ así como el nivel de riesgo que tienen las víctimas, que se revisa periódicamente y que indicará qué medidas de protección hay que tomar. De los 3.472 casos activos en Galicia a finales de julio, casi la mitad (1.558) se produjeron en la provincia de A Coruña, seguida de Pontevedra (1.058), Lugo (482) y Ourense (1.058).

El seguimiento y las medidas de protección a las víctimas aumentan en cantidad y frecuencia a medida que aumenta el nivel de riesgo. De este modo mientras en los casos con riesgo "no apreciado", el peligro de volver a ser agredida se revisa cada tres meses, desciende a 60 días cuando el riesgo es "bajo", donde además los agentes realizan contactos telefónicos esporádicos para ver cómo está la situación. Ocho de cada diez casos activos en Galicia se engloban en estos dos tipos, pero hay casi 400 maltratadas en la comunidad cuyo riesgo es "medio, alto o extremo".

Se considera que el riesgo de volver a ser agredidas es medio para 374 mujeres, 169 en la provincia de A Coruña. En estos casos, los agentes especializados deben comprobar cómo es la situación cada mes para ver si hubo algún cambio que aumente o disminuya el riesgo. Lo habitual es que se realice una vigilancia ocasional y aleatoria en el domicilio, el lugar de trabajo de la mujer o la salida del colegio si hay hijos. Además, se acompaña a la víctima si tiene que realizar trámites jurídicos o administrativos y se considera que hay riesgo para ella.

Una veintena de gallegas (23) tienen un riesgo superior „"alto"„, lo que obliga a revisar su caso cada semana y a que sea frecuente que los agentes vigilen su domicilio, el lugar de trabajo o el colegio de los niños. Además se realiza un control esporádico de los movimientos del agresor y pueden establecerse medidas para su seguimiento como el uso de dispositivos electrónicos que permiten alertar si se acerca a la víctima. Cuando el nivel de riesgo es "extremo" „solo hay un caso en Galicia, en la provincia de Pontevedra„, se revisan las características del caso cada 72 horas, la protección policial de la víctima es permanente hasta que el riesgo deje de ser inminente, se realiza un control intensivo de los movimientos de los maltratadores y se diseña un plan de seguridad personalizado para cada víctima.

Los datos del Ministerio permiten establecer un perfil de las víctimas. Pese a que el grueso de casos activos en Galicia (1.481) tienen como protagonista a una mujer de entre 31 y 45 años, hay víctimas de todas las edades. De hecho hay un total de 24 adolescentes gallegas que ya son objeto de seguimiento policial por ser víctimas de malos tratos y se supera el centenar cuando el foco se pone en las mayores de 65 años. El 77% son españolas.

La estadística mensual del Gobierno también analiza el número de dispositivos electrónicos de control que están en activo. Un total de 585 gallegas son usuarias del servicio Atenpro, un dispositivo telefónico con geolocalizador que les permite alertar ante cualquier emergencia y estar siempre localizadas. La cifra cae drásticamente cuando se habla de las pulseras electrónicas, un dispositivo que tiene instalado el agresor (imposible de quitar) y la víctima y que alerta a las autoridades si el agresor se acerca a menos de la distancia pactada de la maltratada. Solo hay 1.248 pulseras activas en todo el país, 42 de ellas en Galicia y solo diez en la provincia de A Coruña.