21 de septiembre de 2019
21.09.2019

El Tribunal Superior balear lleva a juicio al juez que requisó móviles a periodistas

El magistrado que instruía el 'caso Cursach' se enfrenta a 42 años de inhabilitación por cuatro delitos, entre ellos uno de prevaricación

21.09.2019 | 10:51
El Tribunal Superior balear lleva a juicio al juez que requisó móviles a periodistas

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) Felisa Vidal dictó ayer un auto de apertura de juicio oral contra el juez Miguel Florit, al que imputa los presuntos delitos continuado de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional periodístico y contra la intimidad, por el llamado caso Móviles. El auto no puede recurrirse y significa que Florit será juzgado por una sala de magistrados del TSJB por esos supuestos delitos, de los que se declara inocente.

La resolución de Vidal impone al magistrado (con el Estado, como posible responsable civil subsidiario), una fianza de 60.106 euros, que deberá depositar en un plazo de cinco días. También se emplaza a la Abogacía del Estado a que se persone en la causa como responsable civil.

El auto destaca que "de lo actuado se infiere que los hechos investigados (en el caso Móviles) revisten los caracteres de delito y que existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado" por lo que procede abrir juicio oral contra él. Las acusaciones, en nombre de Diario de Mallorca (del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN), Europa Press, Agencia Efe y Asociación de Medios de Información (AMI), reclaman para Florit una pena de 42 años de inhabilitación profesional y 57.600 euros de multa. El escrito de acusación, firmado por los abogados Nicolás González-Cuellar Serrano y Javier Crespo Bonachera, enumera los autos dictados por Florit, que, entre septiembre y diciembre del 2016, ordenó fiscalizar las llamadas telefónicas de los dos periodistas y de una tercera redactora de la agencia Efe, también pidió un control de la geolocalización de sus teléfonos móviles, y, por último dispuso la requisa de sus teléfonos (para su análisis) y de otros dispositivos electrónicos de trabajo, así como el registro de las redacciones.

"Los referidos autos fueron dictados por el acusado (Florit) con plena conciencia de que los mismos eran manifiestamente injustos y vulneraban el derecho al secreto profesional periodístico, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la inviolabilidad de domicilio", sostiene el escrito.

Para la acusación, los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación judicial (por el que se reclaman 20 años de inhabilitación y una multa de 28.800 euros; dos contra la inviolabilidad de domicilio (por los que se solicitan 12 años de inhabilitación y dos multas de 14.400 euros); un delito contra el ejercicio del derecho a la información (por el que se solicitan 4 años de inhabilitación especial); y un delito de interceptación ilegal de las comunicaciones (para el que se pide una condena de 6 años de inhabilitación especial).

El juez, que se halla de baja, investigaba un presunto delito de revelación de información reservada y secreta del caso Cursach y ordenó en tres autos cribar los listados de llamadas de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou, de Diario de Mallorca y Europa Press. Después, dictó otro auto en que dispuso la requisa y análisis de los teléfonos móviles de ambos redactores y de otros dispositivos electrónicos de trabajo. En los autos, el juez encausado, apenas contempló la posibilidad de que sus órdenes vulneraran el derecho a la información al hacer aflorar las fuentes de los periodistas. Las resoluciones contaron con el apoyo del fiscal anticorrupción Juan Carrau.

El auto tras "el secreto no se toca"

El caso Móviles estalló el 11 de diciembre del año pasado cuando equipos de la Policía Judicial requisaron, por orden del juez Miguel Florit, los móviles a dos periodistas (Blanca Pou y Kiko Mestre) que informaban sobre el caso Cursach, la presunta trama de corrupción en torno al magnate de la noche del mismo nombre. El auto del magistrado contra el que ayer se abrió juicio oral provocó una enorme indignación en muchos sectores de la sociedad y diopie a la ola de solidaridad con Mestre y Pou "del secreto no se toca".

Más tarde se conocieron otras resoluciones del exinstructor del caso Cursach donde disponía el control de las llamadas de los móviles de Mestre y Pou, así como el análisis de su geoposición para determinar con quién habían hablado en determinados días en los que se habían publicado informaciones sobre la trama de corrupción. Diario de Mallorca y Europa Press denunciaron los hechos y después se unieron como acusaciones Efe y la Asociación de Medios de Información (AMI). Sus querellas han dado lugar a que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ordene la celebración de un juicio contra el magistrado Florit, defendido por Josep Zaforteza y que se proclama totalmente inocente.

Un auto, dictado por la sala de lo Civil y de lo Penal del TSJB el pasado 25 de julio y donde se confirmó el procesamiento del magistrado, da las claves del caso Móviles y de lo que será el futuro juicio.

"En este proceso lo relevante no es la injerencia (en cuanto a intromisión en la intimidad), sino la denunciada vulneración del derecho de los periodistas al secreto profesional, a no revelar las fuentes de información".

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