El comité de empresa de STAC, la firma asentada en el concello de Padrón donde trabajaba Sandra Boquete Jamardo, asesinada por su expareja el pasado día 16 junto a su hermana Alba y su madre, Elena Jamardo en la localidad de Valga, organiza una campaña para recaudar fondos y ayudar, en la medida de lo posible, a sus dos hijos.

Su padre, José Luis Abet, es el autor confeso de ese triple crimen, de ahí que los menores, de cuatro y siete años, necesiten ahora "más ayuda que nunca", si bien es cierto que están al cuidado de la familia y que recibirán una indemnización económica directa de 7.000 euros cada uno por parte de la Xunta.

Los interesados en participar deben hacer llegar sus donativos antes del 30 de noviembre al número de cuenta ES54 2038 4026 61 6000220518, haciendo constar como concepto Aportación para Fernando y Hugo, y en calidad de beneficiario, Ana Parada Vales, presidenta comité de empresa STAC. Se trata de una cuenta abierta que tiene como titulares a tres miembros de la empresa y se abre, insisten, "para sufragar parte de los gastos en que vayan incurriendo los hijos de nuestra compañera asesinada, víctima de violencia machista".

Al tiempo que apelan a la colaboración ciudadana, las mismas fuentes resaltan que "las aportaciones son voluntarias y anónimas2 y que “podremos realizar una aportación tanto personas físicas como asociaciones y colectivos, tanto los que tengan relación con STAC como aquellos ajenos a la empresa”.

Para mayor garantía y tranquilidad de los posibles donantes se advierte de que "será imprescindible la firma de los tres titulares de la cuenta para trasladar el saldo resultante a un fondo que será gestionado por la aseguradora Mapfre y tendrá como titulares a los hijos de Sandra". El dinero obtenido "se repartirá a partes iguales entre ambos niños, con una renta asegurada anual pagadera en septiembre, con el fin de ayudar a sus tutores legales a afrontar los gastos de escolarización hasta que alcancen la mayoría de edad".

Los menores reciben la ayuda de educadores sociales. La colaboración de la Xunta con el Colegio de Educación Social, el de Gestores Administrativos y el de Graduados Sociales permite prestar a los familiares de las víctimas "un acompañamiento integral en la realización de todas las gestiones administrativas necesarias;y cuando lo decidan los equipos sociales y psicológicos se activarán dos educadores sociales para apoyar a los niños".