El número de demandas de ruptura matrimonial presentadas en Galicia en el segundo trimestre del año ha descendido un 14,3 por ciento respecto a los datos del mismo periodo del pasado ejercicio, al registrar 1.417 frente a las 1.717 de 2018.

Así se desprende de los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los que la rebaja de este indicador en comunidad gallega ha superado a la media estatal, donde se han reducido un 6,7 por ciento las demandas de este tipo.

Estas cifras indican que, por cada 10.000 gallegos, se han dado 5,5 demandas en el periodo estudiado (6,1 en la media estatal si se tienen en cuenta los datos de población a 1 de enero de 2019, mientras que en comparación al primer semestre del año estos procesos han descendido un 9 por ciento.

También se han reducido los divorcios consensuados y los no consensuados un 14,5 (de 979 a 840) y un 13,4% (665 a 576), respectivamente, además de las separaciones de mutuo acuerdo (de 50 en 2018 a 39 en el mismo periodo de este año).

Los datos del CGPJ también indican que no se han registrado peticiones de nulidad matrimonial frente a las dos de 2018, y que en el segundo trimestre se han iniciado unos 175 procedimientos de modificación de medidas consensuadas, un 2,8 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

En el caso de las demandas de modificación de medidas no consensuadas, estas han pasado de 479 a 477, un descenso del 0,4 % menos. Sobre los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se registraron 264 demandas de modificación de medidas consensuadas, frente a las 256 del segundo trimestre de 2018, lo que supone un aumento del 3,1 %; y 356 demandas de modificación de medidas no consensuadas (381 el año pasado), lo que representa una bajada interanual del 6,6%.

HUELGA DE FUNCIONARIOS

El CGPJ ha matizado, no obstante, que esta relación de datos debe ser interpretada en reacción a la huelga de funcionarios registrada en 2018, que "afectó al normal funcionamiento de la Administración de Justicia en Galicia" y "se dejaron de registrar procedimientos".

A pesar de ello, ha asegurado que parte de los juzgados contaron con un plan de refuerzo de funcionarios durante los meses estudiados de 2019, con el objetivo de "solventar las consecuencias de la protesta y agilizar los asuntos pendientes".