La conselleira de Política Social, Fabiola García, informó ayer de que Galicia dispondrá este año de un 11% más de fondos procedentes del 0,7% del IRPF, un total de 13,9 millones que serán distribuidos a entidades sociales para realizar inversiones o desarrollar programas de atención a las personas necesitadas.

El Pleno del Consejo aprobó el reparto por comunidades autónomas de 214,5 millones para que las destinen a financiar programas de interés social dirigidas a la atención de la pobreza y la exclusión social. Este importe procede de la llamada X Solidaria de la declaración de la renta, con cargo al 0,7% del IRPF.

Según explico en rueda de prensa la secretaria de Estado de Servicios Sociales en funciones, Ana Lima, el reparto se ha aprobado por unanimidad de los representantes de las comunidades autónomas, y la cantidad corresponde al 81,14% de los fondos obtenidos de la X Solidaria de la renta de 2018. La cifra supone un incremento de casi 12 millones respecto al año anterior.

El 18,86% restante de lo recaudado lo repartirá la administración central en subvenciones de ámbito estatal para desarrollar actividades sociales. En total, la X Solidaria de la declaración de la renta de 2018 logró 264,4 millones, un 5% más que en el anterior ejercicio.

Por comunidades, Andalucía obtendrá 45,6 millones; Cataluña, 31,5; Comunidad de Madrid, 26,5; Castilla y León, 20,3; Comunidad Valenciana, 18,1; Galicia, 13,9; Castilla-La Mancha, 11,5; Aragón, 8,9; Canarias, 7,6; Extremadura, 7,4; Región de Murcia, 7,3; Asturias, 4,4; Islas Baleares, 4; Cantabria, 2,7; La Rioja, 1,6; Melilla, 1,3; y Ceuta, 1,2. En el reparto no figuran País Vasco ni Navarra.

Con los 13,9 millones que le corresponden a Galicia, la Xunta financiará acciones de inclusión social, iniciativas de apoyo a las personas mayores y con discapacidad, programas dirigidos a la infancia y a la juventud, intervenciones de lucha contra la violencia de género y de fomento de la igualdad y actuaciones de atención a personas con trastornos adictivos.

Fabiola García, que criticó la ausencia de la ministra en este encuentro, aprovechó el Consejo Territorial para trasladar el malestar de Galicia por los "incumplimientos" del Gobierno central con el Centro Galego de Desenvolvemento Integral para Persoas con Discapacidade (Cegadi).

En concreto, demandó la necesidad "urgente" de que se ponga en marcha la zona residencial de este equipamiento, un compromiso que el Imserso asumió en abril de 2017 y "sigue sin materializarse", explicó.

García también exigió al Gobierno central que "cumpla" con el 50% de la financiación de los servicios y prestaciones de atención a la dependencia, tal y como contempla la ley estatal en la materia.

Por otra parte, el Consejo Territorial también ha aprobado el Plan Nacional de Alzheimer 2019-2023.