En el limbo de la dependencia

El Decreto 15/2010 establece que, desde que una persona solicita la prestación, la Xunta tiene tres meses para reconocer el grado de dependencia „hay tres categorías„ o para resolver que se no tiene derecho a ella. Y otros tres para elaborar el Programa Individual de Atención (PIA), el plan en el que se detallan las prestaciones, la cuantía y la fecha en la que se realizará el primer pago, en caso de que se conceda una ayuda económica. En resumen: seis meses de espera, como máximo.

La realidad es otra. Mariluz Castiñeiras lo sabe bien. Su madre, de 83 años y con alzhéimer avanzado, recibe la prestación de ayuda a domicilio. Un bálsamo que se hizo esperar "un año largo". "Desde que pedimos la prestación hasta que finalmente nos la concedieron pasó más de un año. Durante todo ese tiempo, tuve que estar haciendo encaje de bolillos en mi trabajo para poder atender a mi madre. De hecho, mi marido y yo nos tuvimos que trasladar a su casa, ya que mi padre estaba totalmente desbordado y ella, por su situación, no puede pasar ni quince minutos sola", explica esta coruñesa, quien se muestra bastante crítica no solo con la demora en los trámites para la concesión de la prestación, sino también con el funcionamiento de ese servicio. "Las personas con un alzhéimer tan avanzado como mi madre son muy dependientes, les cuesta mucho adaptarse a los cambios, y al principio nos estaban alterando constantemente los horarios, enviando diferentes personas a casa... Después de mucho insistir, conseguimos que de lunes a viernes venga siempre la misma persona y, los sábados, otra. Su labor se limita a ducharla y llevarla un rato de paseo", señala.

Al problema de la demora de la concesión de las prestaciones le sigue el del acceso a los servicios. Y es que, si un usuario solicita una plaza en una residencia, por ejemplo, y tiene grado II, puede estar años en la lista de espera. Cierto es que existe una ayuda económica para que el dependiente, durante el tiempo en el que tiene reconocido el servicio y no lo recibe porque hay lista de espera, acceda a un recurso privado. Pero tiene otro escollo: los fondos son muy pequeños en relación con el coste.

La trabajadora social de Aspace Coruña, Verónica Álvarez Bustos, llama especialmente la atención sobre este aspecto. "La burocracia hace que a veces se den situaciones sin sentido. Nosotros hemos tenido algún caso de usuarios que pidieron la prestación para el centro de día y que, con ella ya concedida y habiendo plaza en nuestras instalaciones „y contando incluso con nuestra recomendación„ han tenido que esperar hasta cuatro meses más para empezar a disfrutar de la ayuda porque solo faltaba la resolución con la firma", subraya.

Álvarez Bustos lamenta que se haya puesto en marcha una normativa "muy ambiciosa" sin dotarla de "un respaldo económico y de recursos suficientes". "Estamos hablando de personas vulnerables, de núcleos familiares con situaciones muy complicadas que, sin apoyos, pueden desembocar en casos de emergencia social", advierte la trabajadora social de Aspace Coruña.

En la misma línea se manifiesta el director de la asociación de familiares y afectados por daño cerebral adquirido (DCA) Alento, Gonzalo Mira. "Hacen falta más recursos para atender las necesidades de las personas con dependencia, pero también las de los familiares que asumen su cuidado. Estamos hablando, en muchos casos, de enfermos con ingresos que apenas superan los 600 euros al mes, y que no pueden asumir un copago para acceder, por ejemplo, a una plaza en un centro de día o en una residencia", apunta Mira, quien subraya que entidades como la que él dirige están haciendo "verdaderos esfuerzos" para intentar que la demora en la resolución de las prestaciones de la dependencia afecte, lo menos posible, a sus usuarios. "Las asociaciones somos los mejores gestores de esas plazas, pero la Administración tiene que responder financiándolas", remarca.