El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo por el que se aprueba la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental de España, con la que el Gobierno se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias y cinco de ellas en los primeros cien días de Gobierno, para luchar contra el cambio climático.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, afirmó que la aprobación va en línea con lo aprobado en la Unión Europea en este sentido. Montero aseguró que el Gobierno sitúa al cambio climático y la transición justa como eje transversal impulsando políticas. El objetivo de esta declaración es lograr un proyecto de futuro común, más justo y equitativo, que aproveche las oportunidades de la transición ecológica mediante políticas públicas trasversales, que pongan al ciudadano en el centro.
La declaración supone una "respuesta" al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama "acción urgente" para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía.
En el marco de la declaración, el Ejecutivo se compromete a ejecutar cinco de las 30 medidas en los primeros 100 días del Gobierno. Así, se remitirá al Parlamento el proyecto de ley de cambio climático, se definirá la senda de la descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050 y se creará una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de los jóvenes.
El texto del acuerdo señala que el "único camino posible" para cumplir el compromiso con el Acuerdo de París para reducir las emisiones y limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5ºC respecto a los niveles preindustriales es un obligado "cambio acelerado del modelo de desarrollo en las próximas décadas".
"Esta transformación representa un gran desafío pero también ofrece importantes beneficios en todos los ámbitos sociales, culturales y económicos", refleja el acuerdo del Gobierno expuesto por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Ribera señaló que el acuerdo aprobado muestra el "compromiso firme" del Gobierno con la agenda y la prioridad de estas políticas por razones de "justicia climática"; "por el futuro" del país y por "responsabilidad". La ministra apeló a la justicia climática entre países y territorios; entre generaciones y entre personas de una misma generación que conviven con desiguales medios para afrontar los impactos del cambio climático o las oportunidades que proporciona.
Respecto al futuro, Ribera considera que "este país necesita actualizar sus prioridades" e introducir medidas transversales con el clima e invertir en un "proyecto de país" con un futuro viable, para las generaciones que están por venir y para tener la posibilidad de "aprovechar" el conjunto de oportunidades que una economía con el clima representa.
En tercer lugar, la vicepresidenta cuarta justificó la declaración de emergencia climática en la "responsabilidad" ya que es "enormemente costoso" desde el punto de vista económico y social, y destacó el papel de las instituciones a la hora de incidir y acompañar. Además, dijo que la declaración se produce en un contexto de "grandes cambios" asociados a los riesgos económicos que ya son considerados en la economía global, como pone de manifiesto el reciente informe anual de riesgos económicos del Foro de Davos.
"Es fundamental que el Gobierno oriente toda su actuación para generar confianza pero con el esfuerzo de no dejar a nadie atrás", insistió Teresa Ribera, quien aseguró que las treinta medidas aprobadas ayer por el Ejecutivo español abordan las necesidades de los colectivos vulnerables, de los trabajadores que requerirán "nuevas cualificaciones" y de los consumidores más vulnerables.
