La Federación Galega de Asociacións en favor das Persoas con Discapacidade Intelectual (Fademga Plena Inclusión Galicia) se suma a la petición que colectivos de toda España han realizado al Gobierno para que prohíba la esterilización forzosa en personas con discapacidad, algo que actualmente permite el artículo 156 del Código Penal. "Se calcula que cada año se producen unas cien esterilizaciones de este tipo en España, pero los datos son poco concretos y confusos. Pedimos que se elimine ese artículo porque atenta contra los derechos de estas personas", explica la responsable del Programa de Mujer de Fademga, Rocío Rey, quien lamenta que no solo es que se les someta a esta cirugía sin pedir permiso, sino que muchas veces "ni se les explica para qué es, solo saben que las han operado".

El artículo 156 del Código Penal establece que "no será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento (...), siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil". Bajo el amparo del mismo, se calcula que cada año unos cien discapacitados „"que tienen la capacidad de obrar modificada, es decir, se ha recurrido a un procedimiento civil para su incapacitación y se ha nombrado a un tutor que es su responsable", explica Rey„ se someten a una esterilización forzosa. "El tutor no puede tomar la decisión por sí solo. Debe pedirse autorización a un juez, quien realiza una evaluación de la persona con discapacidad y posteriormente da el visto bueno o no", añade Rocío Rey.

¿Qué argumentan las familias? La mayoría lo hace porque creen que así protegen a la persona con diversidad funcional que, en su mayoría son mujeres y con discapacidad intelectual. "Hay una falsa creencia de que es necesario, de que de este modo se les protege de posibles abusos y de que se queden embarazadas pero esto presenta dudas. De esta manera pueden invisibilizarse los abusos porque precisamente no hay embarazo", indica Rey, quien recuerda que algunos estudios apuntan a que cualquier mujer discapacitada "sufrirá unos seis abusos a lo largo de su vida, la mayoría de su entorno: bien cuidadores, bien familiares". Otro argumento para recurrir a la esterilización forzosa es "el creer que una persona discapacitada no puede ser madre". "Muchas familias creen que no están capacitadas y hay casos en que sí. En Madrid hay un grupo que se reúnen para organizar y ayudarles, pero tal y como precisaría una madre primeriza", explica.

Desde esta entidad gallega, donde aseguran que la esterilización es un tema tabú que las familias apenas reconocen, lamentan que mucha veces ni se informa a las mujeres. "En charlas donde abordamos el tema, nos tienen dicho 'a mí me operaron para no tener hijos' pero no saben decirte nada más o solo saben que las operaron", dice Rey, quien recuerda que "se está vulnerando un derecho de las mujeres, que afecta a su cuerpo, se les niega una información que incluso deberían manejar a nivel médico". La reacción de las discapacitadas es dispar. "Hay las que lo asumen porque es algo que han hecho sus cuidadores o tutores, otras están en contra y las que son más autónomas se sorprenden de que exista esto y les esté pasando a sus compañeras", explica Rey.

Para las asociaciones, la solución pasa por "fomentar la formación sexual" y abordar "sin tabúes" este tema para que el colectivo sepa desde detectar un abuso hasta mantener relaciones con seguridad y evitar embarazos no deseados".

El Cermi publicó el pasado año un informe en el que alertaba de esta situación e instaba al Gobierno a prohibir esta práctica. Plena Inclusión (al que pertenece Fademga) apoya esta petición. Además un colectivo de mujeres con discapacidad acudieron este mes al Congreso, de la mano de Ciudadanos, para hacer público sus reclamaciones. "Creo que el Gobierno estudiará la derogación", dice Rey, quien a insta que "otros colectivos feministas conozcan la realidad de las discapacitadas para unificar reclamaciones".