Un cartel que invita a vacunarse de la gripe, otro que insta a lavarse las manos, quizás un tercero que recuerde a los papás que no deben saltarse ninguna inyección de su bebé. Cursos, vacunas, seguridad, higiene... Y hasta ahí. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha remitido a ambulatorios y hospitales una instrucción que limita los anuncios que pueden difundirse a aquellos con un “propósito informativo o social” y con información “de interés público”, criterios que excluirían aquellos “carteles favoreciendo a determinadas formaciones políticas o ideológicas”, “críticas a las diferentes políticas sanitarias” o “convocatorias a actos y concentraciones de protesta”.

Las imágenes de carteles confeccionados a mano, por ejemplo, y desde los que colectivos denuncian “sobresaturación”, que exigen más personal, críticas a los recortes o que animan a quejarse a la dirección del Sergas por las listas de espera, se quedan fuera. Ni en corredores, ascensores, paredes o puertas ni en otros espacios públicos y, en ese concepto. La instrucción incluye “los despachos en los que los trabajadores, sean sanitarios o no, desarrollan su trabajo”, al margen de que puedan acceder a ellos pacientes o personas ajenas al centro.

El Sergas defiende poner fin a una colocación “indiscriminada” en espacios públicos de carteles o comunicados que, o “no se ajustan a las debidas condiciones de limpieza y cuidado” de los locales, o “pueden resultar injuriosos u ofensivos para determinadas personas, colectivos o instituciones”. Alega que son instalaciones que “pertenecen a todos los ciudadanos” y que “la presencia de determinados símbolos, críticas a las diferentes políticas sanitarias o convocatorias a actos y concentraciones de protesta irían en contra del principio de neutralidad de las instituciones, propio de una sociedad pluralista” y que atañe a los empleados públicos. “El derecho a la libertad ideológica y a la libertad de expresión no son ilimitados”, sostiene la norma, que fija en los centros tablones para textos que se estimen “necesarios” por su “trascendencia o requisitos legales” y por su relación con el ámbito sanitario y cuya gestión encomienda a la dirección del centro, que designará a un encargado.

Cualquier trabajador, según la norma, que crea que algún cartel está “colocado en un lugar inapropiado o que por su contenido no debería ser expuesto, podrá trasladarlo a la dirección” y esta, “tras valorar su ubicación y contenido, podrá ordenar su retirada inmediata”. La instrucción añade que se podrá exigir “responsabilidad” al autor y a quienes coloquen carteles “cuyos textos o imágenes vulneren derechos o libertades, promuevan conductas discriminatorias, fomenten la violencia o de cualquier modo atenten contra las personas, profesionales, instituciones

públicas u otros entes públicos o privados”.

A los sindicatos se les deja un tablón para “difundir avisos que puedan interesar a los trabajadores”, de su gestión y responsabilidad. Desde la CIG cuestionaron ayer la medida.