Toda España quedará desde hoy, sábado, en estado de alarma por la pandemia del coronavirus, lo que implicará cuando menos una restricción de movimientos de la población, pero no afectará a los derechos fundamentales reconocidos por la Carta Magna. La excepcional medida, que solo cuenta con el precedente de 2010, desencadenado por la huelga de controladores aéreos, fue anunciada a las tres de la tarde de ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración institucional desde el palacio de La Moncloa. Sánchez avanzó que el número de infectados por el virus se situará la próxima semana en diez mil, cuando anoche se cifraba en 4.231, con 121 fallecidos. "Nos esperan semanas muy duras", advirtió.
El líder socialista, que no detalló las consecuencias que el estado de alarma tendrá en la vida española, sí precisó que se decretará hoy en Consejo de Ministros y se extenderá quince días. Una eventual prórroga de ese plazo deberá ser acordada por el Congreso de los Diputados. Poco después del anuncio presidencial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba a Europa como centro de la pandemia que se abate sobre el planeta. Un total de 63 países han establecidos restricciones totales o parciales a la entrada en su territorio de viajeros procedentes de España.
La comparecencia de Sánchez, que fue aplazada media hora tras haber sido anunciada para las dos y media, llegó 24 horas después de que el presidente del Gobierno anunciase un plan de choque de más de 18.000 millones de euros para reforzar el sistema sanitario y paliar las consecuencias económicas de la pandemia.
El objetivo del estado de alarma, explicó Sánchez, será permitir que el Gobierno adopte medidas "excepcionales" contra la "emergencia sanitaria" causada por el coronavirus. Estas iniciativas estarán "orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado", tanto "económicos como sanitarios, públicos y privados, civiles y militares", para "proteger mejor la salud de todos los ciudadanos", en particular de los más vulnerables a la enfermedad, precisó durante su intervención.
El Presidente, que previamente había comunicado la decisión al Rey, a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y a los líderes de los principales partidos, adelantó que a lo largo de la tarde de ayer hablaría por teléfono con todos los presidentes y presidentas autonómicas. Su comparecencia remató, de hecho, una intensa mañana marcada por el goteo de medidas que numerosas administraciones autonómicas y locales fueron adoptando para tratar de frenar la velocidad de difusión del contagio. También se prodigaron los llamamientos al Gobierno para actuar con contundencia y rapidez, y abandonar el gradualismo elegido por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis.
Así, el presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, pidió por la mañana que el Gobierno declarase el estado de alarma en esa comunidad con la finalidad de poner en marcha medidas de restricción de la movilidad ciudadana de mayor alcance que las que la ley faculta a adoptar a las autoridades autonómicas.
En Madrid, principal foco de la pandemia en España con aproximadamente la mitad de los contagios y fallecimientos, las autoridades autonómicas decretaron el cierre desde hoy, sábado, de toda la hostelería, medida que se sumó a otras previas como la suspensión de actividades académicas o las restricciones de visitas a centros geriátricos y centros de día.
El alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida, abogó por el cierre de la ciudad, para el que garantizó "absoluta cooperación" y "lealtad institucional". Almeida publicó ayer un bando en el que llama a los madrileños a la "responsabilidad" y les insta a no salir de sus casas.
La necesidad de este confinamiento de los madrileños se había ido abriendo paso en los últimos días ante la constatación de que numerosos habitantes de la ciudad se están desplazando a sus residencias secundarias de la costa mediterránea para huir del foco capitalino.
Estas huidas, que no son exclusivas del Mediterráneo, ya que también se han registrado hacia comunidades como Asturias y Cantabria, han generado malestar entre los habitantes de las zonas de destino, que en algunos casos han llegado a acusar a los madrileños desplazados de irresponsabilidad y de tomarse la cuarentena como unas vacaciones.
De hecho, el presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, decretó el confinamiento en los municipios turísticos de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, La Unión, Mazarrón y Águilas, lugares donde, resaltó, "no existirá la libertad de movimiento". Con evidente malestar López Miras señaló: "No voy a permitir ninguna irresponsabilidad más, es inadmisible" y advirtió que las personas que se desplacen a Murcia y tengan casas en la región "tendrán que estar confinados en sus viviendas, no podrán hacer turismo".
En el País Vasco, y adelantándose a la decisión del Gobierno central, el lehendakari, Iñigo Urkullu, anunció a media mañana la activación de una "Declaración de Alerta o Emergencia Sanitaria", que abría la puerta al confinamiento de personas en sus domicilios, a la restricción de acceso a determinadas zonas, o a la limitación de servicios públicos y del consumo de ciertos bienes, en referencia velada a la hostelería. La decisión madrileña y vasca de cerrar bares y restaurantes ha estado a la cola de las medidas adoptadas estos días, por el relevante impacto del sector en la economía y la vida española.
Tras la declaración institucional de Pedro Sánchez, el presidente del PP, Pablo Casado, anunció que su partido apoya el estado de alarma y añadió que respaldará al Gobierno en el Congreso si hace falta prorrogarlo dentro de 15 días, ya que son necesarias "medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias".
No obstante, Casado, cuyo partido había pedido horas antes a Sánchez "tomar las riendas" y poner en marcha un "mando único" como "le permite la legislación vigente", denunció que el Gobierno ha ido "a remolque de los acontecimientos" y ha cometido "graves negligencias", como "alentar" las manifestaciones "multitudinarias" del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer.
El líder de Vox, Santiago Abascal, consideró que el estado de alarma llega tarde y acusó a Sánchez de actuar de forma irresponsable ya que, dijo, "sigue dejándolo para mañana", en alusión a la reunión de hoy del Consejo de Ministros. Ciudadanos, cuya líder, Inés Arrimadas, había pedido el estado de alarma a primera hora del día, expresó su apoyo y confió en que la medida permita "recuperar el tiempo perdido".
