El Gobierno español reaccionó ayer al clamor de trabajadores, empresas y autónomos para que desplegara políticas rápidas y contundentes frente a la crisis del coronavirus aprobando un conjunto de cambios laborales y ayudas económicas y financieras que, según el diseño del Ejecutivo, pueden movilizar hasta 117.000 millones de dinero público, equivalentes al 10% del producto interior bruto (PIB). Hogares vulnerables, parados, autónomos y pymes golpeadas por la pandemia y por el estado de alarma decretado por el Estado para frenarla son los destinatarios principales de un conjunto de políticas que, a la espera de la letra pequeña, recogen gran parte de las demandas de los agentes sociales. De manera singular, las que conciernen a los procedimientos de regulación temporal de empleo, para tratar de evitar que el “shock” provocado por el virus Covid-19 se lleve por delante millones de puestos de trabajo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que compareció cerca de las tres y media de la tarde, después de una reunión del Consejo de Gobierno que se prolongó más de cinco horas, presentó el plan como “un escudo económico y social” para que el “Estado absorba” el choque del coronavirus, el “frenazo en seco” que han sufrido la producción y el consumo. Sánchez insistió en que la crisis es “temporal” y que España está en posición de salir de ella con las políticas ayer aprobadas. “Nuestro esfuerzo tiene que estar a la altura del sacrificio de los españoles”, dijo en tono grave. “Unidos resistiremos”, afirmó al concluir el esbozo de un real decreto cuyas líneas maestras se exponen en los siguientes puntos.
Sujetar el empleo. En línea con las demandas de las organizaciones empresariales y sindicales, se revisan las normas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con el propósito de que las empresas se acojan a ellos en lugar de despedir. Las actividades afectadas de manera “directa” por la pandemia, sea por la orden de cierre de los negocios, por contagio o cuarentena, podrán recurrir a la modalidad de ERTE por fuerza mayor. La Administración se compromete a despachar estos expedientes en el plazo máximo de siete días, y las empresas quedarán exoneradas de pagar las cuotas de la Seguridad Social. La protección de los trabajadores se amplía. Los que no tengan cotizado el tiempo mínimo exigido para cobrar prestación contributiva la recibirán, según afirmó Sánchez en su comparecencia. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo se refirió luego en un comunicado a que “accederán al subsidio por desempleo”, modalidad que supone una renta mucho más modesta (429 euros mensuales). El tiempo que se cobre la prestación no se descontará de los derechos acumulados, de modo que el trabajador los mantendrá intactos una vez superado el ERTE.
Pedro Sánchez hizo un llamamiento a las empresas para que “no despidan, porque esta es una crisis temporal”. Emplazó así a los empresarios a recurrir a la nueva suspensión exprés de contratos por fuerza mayor y a utilizar otros mecanismos de flexibilidad incluidos en el decreto, como el teletrabajo (los empleadores deben fomentarlo cuando sea posible y se incluyen ayudas a las pymes para digitalización). También se faculta a los trabajadores a reducir su jornada hasta el 100% para cuidar a familiares dependientes y a los hijos por el cierre de colegios. No aparece, en cambio, la prestación para complementar los ingresos de estos padres que había anunciado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Sujetar a los autónomos. Los trabajadores por cuenta propia, los más penalizados por la crisis, accederán a una prestación extraordinaria por cese de actividad (paro de los autónomos) de un mes y equivalente al 70% de la base reguladora. Será para quienes hayan tenido que cerrar sus negocios o sufrido mermas de facturación severas. Quienes estén en esos casos quedarán también exonerados de las cuotas a la Seguridad Social.
Sujetar a las pymes. El grueso de los recursos públicos que movilizará el nuevo paquete de medidas económicas -el segundo aprobado por el Ejecutivo en cinco días- consiste en garantías del Estado para que autónomos y pymes accedan a crédito por valor de hasta 100.000 millones. Esta medida está alineada con otras de mayor potencia desplegadas por Francia (300.000 millones) y Alemania (500.000). Los avales se concederán a través del ICO y están pensados para que los negocios y pequeñas empresas en dificultades no pierdan el acceso al crédito. Según Pedro Sánchez, está acción movilizará también recursos privados (de los bancos) que elevarán hasta 200.000 millones la dimensión completa del plan económico.
Sujetar a las familias. Los hogares considerados en situación de “vulnerabilidad económica” podrán acceder a un aplazamiento (moratoria) en el pago de cuotas hipotecarias de la vivienda habitual. Se entenderán como vulnerables los deudores que pierdan sus empleos o, si son autónomos, tengan una caída sustancial de ingresos o ventas. Se tendrá en cuenta la carga que supone la hipoteca respecto a la renta. La moratoria será de un mes y prorrogable, el mismo plazo que tendrá la prohibición de cortar los suministros de luz, agua, gas y telecomunicaciones a familias con la condición de vulnerables. “En esta crisis nadie será desahuciado por una situación económica difícil”, afirmó el presidente.
Blindaje
Por otra parte, el Gobierno ha modificado la normativa que regula las inversiones desde el exterior para impedir que empresas de fuera de la Unión Europea (UE) puedan hacerse con el control de compañías españolas en sectores estratégicos aprovechando el declive bursátil de estas últimas sesiones, mediante ofertas de adquisición (opas) oportunistas.
La prohibición impide que un inversor comunitario pueda tomar el 10% o asumir la hegemonía de cualquier cotizada española del Ibex 35. Se intenta evitar, dijo Pedro Sánchez, que compañías extranjeras aprovechen la caída coyuntural del valor de las acciones “en esta situación de crisis económica y de extrema volatilizad en los mercados financieros”.
