Nadie en 2015 se inmutó cuando Bill Gates dijo que ya no temía a una guerra nuclear, porque si algo podía matar a millones de personas en el siglo XXI no serían misiles sino microbios. Hoy el virus Covid-19 se propaga por todo el mundo sin distinción alguna de raza, color ni frontera, con la única certeza de que esta pandemia viene a cambiarlo todo. Cómo salgamos de ésta dependerá del acierto de las decisiones adoptadas por los dirigentes políticos y de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. España vive una situación de emergencia sanitaria, a la que hay que hacer frente con todos los medios y recursos disponibles, tiempo habrá después para recuperar la ortodoxia presupuestaria.

En este devenir, huérfanos de un gobierno mundial y con los principales organismos supranacionales ausentes en un primer momento, cada país tomó sus propias decisiones y no siempre acertadas. Algunos lo han hecho mejor, cuentan ya con experiencia en la lucha contra el SARS, el MERS, etc., mientras que otros han ido por detrás creyendo quizás que la globalización era solo económica, sin caer en la cuenta que no hay riesgo mayor que el de la vulnerabilidad. Porque sí, somos vulnerables, hasta el punto de que la ONU ha vuelto a considerar a España como país receptor de ayuda humanitaria, algo que no ocurría desde los tiempos de la posguerra.

Una vez constatado esto, tras las tímidas acciones iniciales de contención contra el virus se abrieron paso otras más contundentes hasta decretar el estado de alarma, que lleva consigo una paralización de la actividad económica. Sin saber aún cuánto va a durar esto, no parece descabellado pensar que al PIB del 2020 le van a faltar dos meses de aportación, lo que tendrá su reflejo inmediato en el déficit, la deuda, el empleo y el estancamiento „cuando no recesión„ de la economía. Pero si dura es la realidad, contundentes son también las medidas que ha articulado el Gobierno, con el apoyo de la oposición, para amparar a los españoles afectados. El RD8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, agota el margen fiscal concedido por Europa y contempla la movilización de 200.000 millones de euros „públicos y privados„, una cifra sin parangón en la historia económica de España, equivalente al 20% del PIB, con tres objetivos claros: social, laboral y de liquidez. En el ámbito laboral se ha puesto el acento en frenar los despidos masivos a través de la flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo „ERTE„ y evitar que se produzcan ERE „Expedientes de Regulación de Empleo„, a la vez que se ha enchufado una manguera de liquidez para que las empresas puedan reactivar su actividad tras el parón.

Atender las necesidades de liquidez es primordial durante el período que falten los ingresos, pero no lo es menos garantizar la solvencia. Es por eso que se ha reforzado al sector financiero con una inyección de recursos y un amplio paquete de avales y garantías que cubran los posibles fallidos. Se trata de evitar que lo que comenzó siendo un shock de oferta y posteriormente de demanda se convierta también en una crisis financiera. Así lo deben creer también los responsables del BCE que, aunque tarde, reaccionaron con una batería de medidas encaminadas a reforzar la liquidez, la solvencia y a rebajar los requerimientos de capital de la banca, al tiempo que abrieron la puerta a una mutualización de la deuda. Los demandados eurobonos, que nunca llegaron en la crisis de 2008, podrían tener cabida ahora en su versión más descafeinada de coronabonos, pero algo es algo.

No cabe más que mantener la esperanza y poner luces largas confiando en que la duración de este shock sea la menor posible y quizás traiga la oportunidad de dotar a Europa de los instrumentos necesarios para garantizar una gobernanza económica real, más allá de un anémico presupuesto comunitario o de un Mecanismo Europeo de Estabilidad mal dotado, capaz de hacer frente a la próxima crisis y sea capaz de evitar una recesión.