Un total de 45 funcionarios de prisión y dos reclusos contagiados, 175 trabajadores y 385 internos en cuarentena. Son los efectos hasta el día de ayer de la pandemia del coronavirus en las cárceles españolas, que en Galicia ya deja dos funcionarios infectados (uno en Teixeiro y otro en Bonxe) y casi una veintena de presos en aislamiento por prevención en el centro penitenciario coruñés (de aquellos internos que han regresado de permiso o que ingresan en el penal). Tras varios escritos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al Ministerio de Sanidad en los que reclaman ser sometidos "de manera inmediata" a la prueba diagnóstica del Covid-19 y la provisión de mascarillas para su día a día entre rejas, la central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario el Ministerio del Interior, ha remitido una denuncia ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento de la legislación en materia de riesgos laborales y del real decreto por el que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo.
Ayer mismo, Instituciones Penitenciarias ordenó el reparto de 40.000 mascarillas remitidas por el Ministerio de Sanidad -en prisiones son 24.000 los trabajadores-, en tanto que la Unidad Militar de Emergencias (UME) está desinfectando los centros que así lo solicitan. El material se empezará a distribuir hoy en función de los empleados de cada centro penitenciario - en España hay 169- y en las zonas con mayor incidencia del Covid-19. Prisiones dará prioridad a los empleados en zonas cerradas donde haya más de una persona y no se pueda mantener la distancia mínima de dos metros de seguridad, como cocinas, enfermería o cabinas.
En cuando a la demanda de los test para detectar el virus, Instituciones Penitenciarias reitera que es una cuestión que se escapa de sus competencias, ya que depende de Sanidad.
"Este incumplimiento se manifiesta en obligar al personal sanitario (facultativos, enfermería y auxiliares de enfermería) y al personal de vigilancia en contacto directo con la población interna, a prestar servicio sin los equipos de protección individual adecuada para trabajar en condiciones de seguridad y salud", denuncian los funcionarios de prisiones. La crisis sanitaria desatada por la pandemia, según advierten desde CSIF, ha provocado una situación de "tensión" en los penales que va en aumento día a día entre la población reclusa y los propios trabajadores.
Estado de alarma
La suspensión de los permisos de salidas y de los vis a vis acordadas por Interior tras decretarase el estado de alarma se han convertido en un "factor de tensión" que -temen—podría desembocar en incidentes como los que ya se han registrado en los centros penitenciarios de Foncalent, Albocasser y Puerto.
Los trabajadores denuncian la falta de "medidas básicas" en su protección, tal y como denunciaron ya en varias ocasiones ante Interior y Sanidad. La denuncia ante Inspección de Trabajo es interpuesta tras el fallecimiento por coronavirus de un guardia civil que participaba en la seguridad de la prisión de Herrera de la Mancha (Manzanares, Ciudad Real) y en el traslado de presos. Pero actualmente y tras el primer fallecimiento en un hospital de Arganda del Rey (Madrid) de una interna, una mujer de 78 años de origen latinonamericano, los trabajadores de instituciones penitenciarias de las cárceles gallegas se quejan de la falta de "medidas básicas en su seguridad" como es el reparto en cada inicio de jornada de una mascarilla para su uso cuando tengan que entrar en contacto con los internos, reclamación que este sindicato a nivel nacional ha enviado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, "sin que a fecha de hoy en los centros gallegos ni de España se haya puesto remedio" a la petición.
CSIF, junto con CCOO y Acaip/UGT, denuncian que en prisiones no se garantiza la protección del personal de más de 60 años, al que tiene patologías previas o a las mujeres embarazadas o lactantes; y que hay numerosos trabajadores que están en asilamiento domiciliario y a los que no se han hecho las pruebas diagnósticas del coronavirus, lo que
-advierten- provoca "un perjuicio en la prestación del servicio y aumentando las cargas de trabajo sobre unas plantillas cada vez más menguadas, al estar disminuyendo el número de efectivos disponibles".
Por ello, desde CSIF en Galicia reclaman la realización de manera inmediata de la prueba diagnóstica del Covid-19 a todo profesional penitenciario, "con sintomatología o no"; con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento de los centros, la salud de los trabajadores y de sus familias y evitar contagios a la población reclusa por parte de los trabajadores asintomáticos".
