La Xunta se prepara para afrontar no solo el pico asistencial causado por la pandemia del coronavirus, que se producirá a mediados de abril „cuando finaliza la prórroga del estado de alarma„, según sus cálculos, sino también para la crisis económica asociada, que en diez días ha dejado en suspenso los 71.000 puestos de trabajo creados en Galicia en cuatro años. El desplome de los ingresos públicos ha forzado al Ejecutivo autonómico a suscribir pólizas bancarias para garantizarse el acceso a 1.770 millones con los que blindar sus actuaciones y sufragar compras de material sanitario, incorporación de personal, adquisición de medicamentos, desembolsos extraordinarios y, en general, y el pago en plazos medios de 15 días a sus proveedores, protegiéndolos del riesgo de quiebra si se les corta el grifo de sus contratos con la administración.

Con esa red de seguridad de liquidez, la Xunta pretende anticiparse al encarecimiento de la financiación por una posible subida de la prima de riesgo o de "un ataque a la deuda pública española" por parte de los mercados financieros, argumento que remiten a los momentos más duros de la recesión iniciada tras la caída de Lehman Brothers en 2008. En estos momentos "el dinero está barato" y el Ejecutivo gallego suscribió acuerdos de "anticipos de tesorería" con cargo a los futuros ingresos públicos y renovaciones de préstamos que, según Feijóo, "no suponen un incremento de déficit público". El nuevo tope de desfase contable para las administraciones aún está sin fijar y centra las discusiones a nivel de la Unión Europea.

De la cantidad total a la que podrá acceder la Xunta, 1.310 millones corresponden a la renovación de créditos ordinarios y préstamos a corto plazo y 200 de créditos a largo plazo con entidades financieras y 260 a préstamos del Banco Europeo de Inversiones formalizados y pendientes de recibir. El Consello de la Xunta de ayer aprobó otras medidas de lucha contra la pandemia.

Alquileres públicos. La Xunta suspende a partir de abril y durante el tiempo que dure la emergencia, el cobro de los alquileres de viviendas protegidas y locales comerciales propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), medida que beneficiará, cifró Feijóo, a 3.500 familias y 42 negocios. Las arcas autonómicas dejarán de ingresar 300.000 mensuales. Además, se hará cargo del 100% del alquiler de los 5.700 beneficiarios del bono alugueiro .

Hasta 9.000 euros. La Xunta suspenderá el pago de los impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentos y del sector del juego al menos hasta el 30 de junio, cuestiones que le reportan alrededor de 35 millones de euros mensuales, además de aplazar la amortizaciones de préstamos concedidos a empresas y particulares. Para paliar el impacto de la crisis sobre el tejido productivo, el Ejecutivo destinará 30 millones de euros a una línea de ayudas que cubrirá hasta 9.000 euros de intereses de préstamos de hasta 200.000 euros que soliciten empresas para paliar su caída de facturación. Dispondrán de cuatro años para saldarlos (uno de ellos de carencias). Feijóo estimó en 208.000 autónomos los potenciales beneficiarios.

Suspensión de contratos. Pese a sus medidas de apoyo al tejido productivo, la Xunta suspende hasta que finalice la emergencia los contratos de servicios no esenciales que prestan concesionarias, aspecto que concretará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la próxima semana. El presidente de la Xunta no estimó el coste de dejar de abonar esas prestaciones.

Colaboración empresarial. Se crea una comisión para coordinar la fabricación de material sanitario y parasanitario por parte de empresas gallegas dedicadas a otras tareas. Ya han recibido 40 propuestas de firmas que quieren reorientar su actividad. La Xunta dispuso de 10 millones de euros en ayudas para esta cuestión. Firmas del textil, por ejemplo, ya fabrican, entre otros productos, 12.000 batas.

Nuevas tareas. El Gobierno gallego pone en marcha un sistema de voluntariado para que sus 150 agentes medioambientales puedan desempeñar tareas de desinfección en ayuntamientos de menos de 5.000 vecinos, como hacen ya los miembros del servicio de extinción de incendios forestales.