La forma mediante la que el Gobierno ordenó la paralización de toda la actividad económica no esencial no solo está generando múltiples dudas en las empresas afectadas, sino además críticas de las organizaciones empresariales. La asociación del polígono de Agrela recibía ayer continuas consultas de sus miembros para saber si su actividad se ve afectada por el cierre obligatorio, a lo que la entidad respondía que "ante la duda, lo mejor es que se queden en casa", según explica la gerente de la entidad, Teresa Firvida, quien señala que la actividad en el polígono es ahora escasa, ya que tan solo se mantiene la de las compañías de fabricación y venta de alimentos, así como las de transporte.
La asociación aconseja además a sus miembros que si deben efectuar alguna gestión imprescindible, lo hagan acreditados para evitar problemas en los controles establecidos.
Los reproches a la orden gubernamental llegaron de la mano de la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de A Coruña, que expresan una "gran preocupación" por la forma mediante la que se decidió y por cómo se aplica . Ambas organizaciones aseguran que las empresas no son responsables del retraso en la adopción de medidas pero que las cumplirán para garantizar la salud de sus trabajadores, aunque también lamentan "profundamente que se adoptarán "de forma unilateral, sin consulta ni solicitud de propuestas ni de sugerencias previas", lo que a su juicio contribuiría a reducir los efectos negativos sobre las compañías y el empleo.
Confederación y Cámara aseguran conocer "el día a día de las empresas y de los sectores productivos", por lo que habrían defendido "un cierre ordenado de la actividad productiva" en lugar del ordenado por el Gobierno, al que califican de "abrupto" por entrar en vigor desde el primer día laboral tras el fin de semana en el que se decretó. Para las dos entidades resulta "dramático" que el coste sea soportado solo por las empresas, ya que deberán seguir abonando los salarios y las cotizaciones sociales de sus trabajadores a pesar de que no puedan producir ni vender sus productos o servicios, por lo que advierten que muchas de ellas se verán condenadas al cierre.
Cámara y CEC plantean que, al igual que otros países europeos, el Gobierno español apruebe una moratoria fiscal "inmediata y automática de todos los impuestos, tasas y cotizaciones que tengan su vencimiento durante el tiempo que dure el estado de alarma", así como que no los paguen las empresas que han debido parar en estas semanas o cuya actividad se haya reducido de forma importante.
Regulaciones
Desde el mundo sindical también se lanzan acusaciones de improvisación hacia las medidas adoptadas, como refleja Xabier Filgueira, secretario comarcal de la CIG, para quien "muchas empresas están utilizando de manera retorcida" la regulación temporal de empleo aprobada por el Gobierno con motivo del coronavirus, ya que señala que se producen fraudes "porque estas normas son bastante permisibles para que se pueda dar esa situación". La CIG tenía contabilizados hasta el lunes en la provincia 10.121 regulaciones temporales que afectan a 46.585 trabajadores, aunque hay trabajadores temporales y de ETT ya despedidos desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo.
"La causa de fuerza mayor está siendo utilizada para todo", se lamenta Filgueira, quien advierte de que la autoridad laboral no está contestando a todos los ERTE en el plazo establecido, por lo que sospecha que muchos serán aprobados por silencio positivo. También cree que la paralización total "generará un conflicto en muchas empresas" al recuperar las horas perdidas porque "probablemente se recurra a imputarlo a vacaciones, que será un perjuicio para los trabajadores". En su opinión, debió decretarse "un permiso retribuido con cargo al Estado como hizo algún país de la UE". Las consecuencias de esta crisis "van a afectar a todos los sectores porque aquí no se salva nadie", afirma este dirigente de la CIG, quien destaca: "Donde más precariedad había, se va a acentuar".
"Va a ser una situación muy complicada, va a poner contra las cuerdas a muchas empresas y es posible que alguna desaparezca", comenta Xosé Carrillo, secretario comarcal de UGT, quien piensa que si el periodo de cierre es corto "los daños serán menores, pero si se prolonga las consecuencias van a ser complicadas". Para Carrillo, las pequeñas empresas y los autónomos "son los más perjudicados porque su problema es el de siempre, la tesorería" y vaticina que habrá un "desempleo alto" porque el reinicio de la actividad se producirá por fases ante la falta de pedidos de las empresas más pequeñas.
