La educación universitaria se mueve con un calendario mucho menos flexible que el resto de la enseñanza. El margen de maniobra es limitado, con un mes de mayo casi dedicado por entero a los exámenes y una declaración del estado de alarma que al menos durará hasta el 12 de abril.

Los plazos son muy apurados y, por si al final no se puede volver a las aulas con tiempo suficiente, la Xunta estudia diversas alternativas que deben ser discutidas con las universidades, lo mismo que las vías que se apliquen para garantizar una educación de calidad aunque sea online. Ante un escenario totalmente abierto, la conselleira Carmen Pomar puso ayer sobre la mesa de la Conferencia General de Política Universitaria la opción de aplazar los exámenes finales, como se hizo con la selectividad, pospuesta al mes julio, en el caso de que se puedan realizar de forma presencial.

Pero por si acaso, también planteó avanzar en una fórmula alternativa que permita la evaluación final por medios telemáticos, con todas las dificultades que ello conlleva para controlar a los alumnos. "No es fácil, es complicado, pero todos debemos poner algo de nuestra parte para poder alcanzar esa fórmula", dijo.

En todo caso, las universidades consultarán e informarán a sus estudiantes, docentes y trabajadores de las medidas adoptadas "para que puedan prepararse con el tiempo suficiente para efectuar la evaluación o examen final con las debidas garantías", según se acordó en la Conferencia de Política Universitaria celebrada.

En cuanto a las prácticas presenciales, que forman parte de algunas enseñanzas universitarias, "deberán adaptarse a las posibilidades de realización, tanto en la forma como en sus tiempos de realización, que podrían desplazarse al curso siguiente o a los meses de verano".