Es uno de los motores de la economía gallega, con más de 75.000 empleos directos y con un peso en el PIB del 9%. El sector de la construcción, que se ha visto abocado al parón por la crisis del coronavirus, se moviliza para tratar de contener el tsunami que dejará la pandemia cuando todavía las grúas y las excavadoras trabajaban para recuperarse del pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2008. Las patronales de la construcción de Galicia, Asturias y Castilla y León se aliaron para reclamar al Gobierno medidas urgentes para mantener el empleo con la promoción de nuevas licitaciones, el desbloqueo de las licencias y el acceso de los ayuntamientos a su remanente para financiar infraestructuras.

Cinco días después de que el Ejecutivo de Sánchez aprobase un decreto por el que prohíbe ir al trabajo en actividades no esenciales, los presidentes de la Federación Gallega de la Construcción, Diego Vázquez Reino; de la Confederación Asturiana de la Construcción, CAC-Asprocon, Joel García, y de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, se reunieron por videoconferencia para analizar la situación del sector en sus respectivas comunidades tras la declaración del estado de alarma.

Entre las medidas que acordaron plantear al Ejecutivo, destaca la aprobación de las modificaciones legislativas necesarias para promover nuevas licitaciones públicas y que todo el procedimiento de licitación y adjudicación se tramite como procedimiento de urgencia, de forma que se acorten sustancialmente los plazos. "Si no se licita obra nueva en estos momentos, nos encontraremos con un valle de actividad en el segundo semestre del año, inasumible para la generalidad de las empresas, y que provocará el cierre de la mayor parte de ellas", advierten.

También urgen que las comunidades y los ayuntamientos desbloqueen todos los procedimientos de concesión de licencias urbanísticas. Y además, demandan destinar un porcentaje del superávit acumulado por los ayuntamientos en los últimos años a inversión y, en concreto, a la financiación de la ejecución de infraestructuras y obras públicas, y que lo haga no solo porque las mismas son necesarias, sino también para que el impacto de esta crisis sanitaria en la economía y el empleo sea el menor posible.

Finalmente, piden que las empresas de la construcción no queden excluidas de los ERTE de fuerza mayor y sean autorizados ante esta crisis mundial.