"Salvo excepciones", las empresas de seguridad que aportan vigilantes a instalaciones públicas y privadas no tendrán que acogerse a un expediente de regulación de empleo (ERTE) derivado del estado de alarma por el Covid-19. Por lo menos en Galicia, cree Roberto Lage, presidente de la Asociación de Expertos y Empresas de Seguridad Privada de Galicia (Aesga). Desde que se decretase el confinamiento ciudadano y se decidiese qué actividad debe parar o cerrar y cuál continuar, se ven más agentes de seguridad privada en hospitales, supermercados o polígonos empresariales de ciudades y concellos. "Debemos controlar los accesos, vigilar que se cumple la distancia de seguridad o que no se saltan los turnos en las colas, evitar hurtos. Aunque en las empresas de los polígonos hay alarmas, hemos reforzaro allí la presencia", explica Lage. En su sector mantienen cierta estabilidad los guardas rurales, los guardas marítimos que, por ejemplo, velan por la seguridad en cofradías de pescadores, y los detectives, que son en su mayoría autónomos. En cambio en los centros comerciales ha bajado el número de agentes, señala, campo en el que han tenido que reajustarse los servicios. "Cuanto esto pase, las medidas han de ser efectivas y el dinero tiene que volver a fluir", desea Lage.
