Evitar que los enfermos de Covid-19 que no puedan superar la dolencia fallezcan solos y que al menos un pariente pueda acompañarlo en sus últimos momentos. Este es el objetivo de una directriz que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) remitirá a los centros sanitarios para “humanizar” las situaciones más dramáticas causadas por el coronavirus en un contexto en que el Ministerio de Sanidad ha prohibido los velatorios para evitar la propagación de la enfermedad y muchos ciudadanos expiran en soledad, drama que urgió a evitar el Consello Galego de Bioética.

Las recomendaciones de actuación no solo abren la puerta a esas visitas, que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, justificó por contar ahora con material de protección para los parientes que hasta ahora estaba reservado al personal sanitario, sino que también piden a este que permita “algún tipo” de comunicación entre pacientes aislados y familiares.

Ante la prohibición de velatorios y funerales, el Sergas apuesta por permitir a un solo familiar pasar unos momentos de intimidad con su ser querido. Estas orientaciones serán interpretadas por cada centro sanitario, que establecerá su propio protocolo.

Esta decisión fue aprobada ayer en la reunión del Consello de la Xunta, que de nuevo giró en torno a las medidas para combatir la pandemia del SARS-Cov-2 a nivel sanitario, social y económico. Feijóo cifró en 500 personas de servicios esenciales, de los que la mitad son trabajadores sanitarios, los alojados en la red de 120 hoteles distribuida en 70 concellos habilitada en colaboración de la Xunta y el sector para evitar que duerman en sus respectivos hogares y no arriesguen a sus familiares a contagiarse del Covid-19.

Por quinta vez, el Ejecutivo autonómico aprobó un gasto de 10,5 millones en material para centros médicos, hospitales o servicios sociales (3 millones de máscaras quirúrgicas, 85.880 máscaras respiratorias N95 y FFP2 o un millón de batas de protección, entre otros productos) y test diagnósticos, aunque no especificó de qué tipo de pruebas se tratan (PCR o rápidas) ni cuántas ha adquirido.

El aspecto económico centró gran parte de las decisiones comunicadas por Feijóo. El Gobierno central abrirá la mano a partir del lunes para permitir la vuelta al trabajo de sectores como la construcción y la industria. Esa decisión permitirá a la Xunta retomar las 397 obras públicas que el estado de alarma reforzado había paralizado. Además, calificará otras 111 licitadas o pendientes de licitar como esenciales para movilizar así los 300 millones de euros que suman todos los proyectos y que dan trabajo a 5.400 personas de forma directa e indirecta, según sus cifras.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico pretende contribuir a paliar el parón económico que ha causado la pandemia, que disparó en medio mes de marzo el paro.

Feijóo vinculó la decisión de retomar la obra pública en un momento de incremento de gasto sociosanitario y caída de ingresos fiscales al ahorro de 100 millones de euros de gasto corriente, inyectado en esas necesidades prioritarias para mantener el desembolso en obras y evitar daños empresariales y laborales.

Gran parte de ese ahorro, como reconoció el presidente, deriva del descenso del gasto público por el cierre de colegios y otras instalaciones, que rebaja el coste de la luz, el agua o la calefacción.

El Ejecutivo también apoyará con 3 millones a las empresas que han decidido tratar de satisfacer las necesidades públicas en la lucha contra el coronavirus. Once proyectos innovadores, como modelos de predicción de contagios, optarán a 500.000 euros de ayuda mientras 55 firmas dispondrán de 2,5 para reorganizar su producción a material sanitario.

Sanidade rectifica

La Consellería de Sanidade rectificó su decisión de anular los contratos temporales a personal sanitario cuanto este se contagiase de Covid-19 y accediese a una baja médica, como reveló el sindicato CIG el martes. Ayer, el departamento dirigido por Jesús Vázquez Almuíña dio marcha atrás y dio orden de prorrogar los contratos de quienes se contagiasen. De esa forma, evitan la pérdida de un 25% de su sueldo, pues la Seguridad Social les pagaba el 75% de su base de cotización, al tiempo que veían cortada su relación laboral con el Servizo Galego de Saúde.