Entre rejas el confinamiento se hace más difícil. Por la cuarentena en sí, que eleva la tensión entre la población reclusa y que podría desembocar en incidentes como los ya registrados en varias prisiones del país, como por la falta de seguridad y de salud que, según los trabajadores, supone un riesgo cada día que cruzan la valla. A los pocos días del estado de alarma, los funcionarios de prisiones denunciaron ante la Inspección de Trabajo la falta de mascarillas y de control sanitario al no ser sometidos al test de detección del Covid-19 pese a ser un "servicio esencial". Los dispositivos de protección empezaron a llegar la semana pasada, pero según advierten los 40.000 previstos para los 169 centros penitenciarios de España no son suficientes y, tres semanas después de confinamiento, no se les ha realizado prueba diagnóstica que reclaman.

Ahora la plantilla ha estallado contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciaras por el reparto de 205 móviles en las cárceles de todo el país „uno para Teixeiro (A Coruña)„ para que los internos puedan realizar videollamadas durante el confinamiento ya que se han suspendido los permisos y los vis a vis. La orden para el uso de los dispositivos ha llegado esta semana y fija las prioridades en las comunicaciones: reclusos enfermos, internos que tengan a familiares con dolencias o ingresados y aquellos que por lejanía no contactan o no tienen medios para llamar.

Los trabajadores manifiestan su apoyo a cualquier medida que pueda contribuir a una "mejor y más normalizada convivencia", pero lamentan que el Ministerio del Interior no se acuerde de los funcionarios de prisiones "de cuya seguridad y salud son responsables". "No son capaces de proporcionarnos equipos de protección en cantidad y calidad suficiente, faltan guantes de nitrilo, gel hidroalcohólico, mascarillas, bueno, cuando no nos las dan caducadas como ya ha sucedido", denuncia el sindicato CSIF. Desde el penal de Teixeiro advierten de que la adquisición de estos móviles para videollamadas puede contribuir a un menoscabo de la seguridad y el buen orden de los centros penitenciarios.