La Federación gallega de asociaciones de usuarios y familiares de residencias y centros de dependencia REDE ha presentado una nueva denuncia ante la Fiscalía Superior de Galicia, en este caso contra dos altos cargos de la Xunta y una funcionaria por su gestión en relación con los geriátricos.
Los denunciados ante el ministerio público son el director general de Mayores y Personas con Discapacidad, Ildefonso de la Campa, el subdirector general de Autorización e Inspección de Servicios Sociales, Fernando González, y la jefa del servicio de Inspección de Mayores y Discapacitados, Berta Besada.
REDE hace extensiva su petición de investigación a quienes ostentasen estos cargos en el último año y medio, por si su gestión, antes y durante la pandemia, pudiera ser constitutiva de los delitos de denegación de auxilio, abandono, omisión de socorro y prevaricación.
Los familiares de los usuarios de las residencias solicitan que en el marco de sus diligencias la Fiscalía recabe copias de todas las denuncias presentadas desde hace un año y medio en las residencias en las que se contabilizan muertes y/o contagios por coronavirus, así como de las actuaciones derivadas de las mismas.
Esto es, respuestas a los denunciantes, inspecciones realizadas o apertura de expedientes.
En cuanto a la gestión una vez declarado el estado de alarma, REDE sostiene que en las residencias reseñadas no se adoptaron las medidas preventivas necesarias para evitar los contagios por COVID-19 ni se reforzó al personal de atención directa en una "actitud de pasividad" que, juzga, "se debería considerar dolosa".
Es por eso que antes de esta denuncia llevara a la Fiscalía de Galicia a los propietarios y directores de las residencias y en otra específicamente a los directivos del grupo DomusVi.
REDE asegura que la situación en las residencias que "desembocó en el fatal escenario actual" es "conocida y consentida" por la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad y por el Servicio de Inspección de Mayores y Discapacitados, a cuyos responsables considera "cómplices".
Lamenta que desde la administración gallega se hiciera dejación de funciones respecto a su obligación de inspección de los centros y que su "inacción" provocara que se consolidasen y extendiesen "situaciones de abandono, negligencia y maltrato", se incumpliesen las ratios de trabajadores y se "descuidase" la limpieza.
También denuncia que auxiliares sin la formación necesaria hicieran funciones de enfermeras en algunas residencias y que, de forma generalizada en estos centros, solo dos auxiliares se quedasen por las noches al cuidado de 150 residentes.
