La Fiscalía General del Estado tiene abiertas al menos 38 investigaciones penales a otras tantas residencias de mayores por la gestión de la pandemia del coronavirus, y otras 124 diligencias dentro del ámbito civil, según los datos oficiales por el ministerio público, que matiza que no dibujan "una foto fija" respecto a las investigaciones a centros de mayores. Afectan a 19 residencias de Madrid; siete de Cataluña; cinco de Castilla-La Mancha; dos de Castilla y León y otras tantas de Murcia; y una de Canarias, de la Comunidad Valenciana y de Cantabria. En Galicia, la Fiscalía gallega informa de que solo han detectado irregularidades en el caso de las viviendas tuteladas de la residencia de A Fonsagrada (Lugo) que mantenía en deplorables situación a los 29 internos. No se han abierto diligencias a raíz de las denuncias presentadas por asociaciones de familiares de mayores ingresados. El Defensor del Paciente ha presentado más de 200 denuncias por fallecimientos de mayores en residencias en las que pide investigar si se ha podido cometer un delito de omisión del deber de auxilio, entre otros. Son personas a las que se habría "dejado morir" y "la responsabilidad es doble, de las empresas que las gestionan y de las CCAA". La Federación gallega de Asociaciones de Usuarios y Familiares de Residencias y Centros de Dependencia (REDE) ha interpuesto dos denuncias ante la Fiscalía contra los propietarios, gestores y directores de los 42 geriátricos de la comunidad en los que se contabilizan muertes o contagios por Covid-19. Una va dirigida específicamente contra la directora ejecutiva de DomusVi España, Josefina Fernández, y contra la totalidad de directivos de este grupo "que tuvieran que ver, por acción u omisión, en cualquier decisión" que pudiera haber desembocado en dichos contagios y muertes. En ambas, REDE sostiene que "muchos contagios" en las residencias "se podrían haber evitado" de haberse aplicado medidas profilácticas e higiénicas que eran conocidas.
