19 de abril de 2020
19.04.2020
La Opinión de A Coruña

Coronavirus en Galicia | Política Social elevará un 40% las inspecciones a residencias de mayores

Servicios Sociales abrió 33 expedientes sancionadores y cerró dos centros por irregularidades en tres años y medio

19.04.2020 | 00:34
Coronavirus en Galicia | Política Social elevará un 40% las inspecciones a residencias de mayores

"Hay que denunciar". El subdirector de Inspección de Servicios Sociais de la Xunta, Fernando González, lo tiene claro. Para que pueda haber un control óptimo sobre los centros sociales es preciso que todo aquel que conozca irregularidades en los centros (la Administración gallega tiene competencias para inspeccionarlos todo) debe comunicarlo.

El subdirector informó a Europa Press de que las denuncias "se tramitan todas y siempre que es preciso se va al centro". "Nunca se avisa", remarcó, antes de subrayar que, al margen de las visitas de oficio, gran parte de los expedientes iniciados surgen de denuncias, ya sea de familiares usuarios, personal o representantes de los trabajadores. Conscientes de que Galicia "envejece" y con el fin de mejorar el control, el plan de inspección de la Xunta para 2020 contempla hacer 550 inspecciones, un 40% más que en 2019. Quieren revisar el 65% de las residencias de mayores, el 35% de los centros de día de mayores y de las residencias de discapacidad, y el 30% de centros de día de discapacidad.

Falta de personal y condenas por vulnerar derechos laborales, sobreocupación, alguna sentencia más puntual por negligencias y un total de 33 expedientes sancionadores de la Xunta constituyen el grueso de las actuaciones en lo que va de esta legislatura, tres años y medio. El mapa de carencias que dibujan existía antes de que la crisis sanitaria del coronavirus las situase en el foco. Así lo ratifican fuentes jurídicas, sindicales y de la Administración gallega. Coinciden en que no se pueden convertir los "fallos" detectados en una causa general contra un sector que, por su parte, defiende su labor y pide tener en cuenta el carácter "sanitario" de la crisis del Covid-19.

En dos casos, los expedientes sancionadores finalizaron con cierres de centros, el último de ellos este mismo mes, cuando se decretó la clausura cautelar de las viviendas comunitarias Burón I y II, en A Fonsagrada, tras constatar las malas condiciones de los ancianos que residían en ellas. Antes, en 2017, la Xunta ordenó el cierre de la Residencia Valle Inclán, en Vilanova de Arousa (Pontevedra).

La Federación Gallega de Asociaciones de Usuarios y Familiares de Residencias y Centros de Dependencia ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior contra dos altos cargos de la Xunta y una funcionaria por su gestión en relación con los geriátricos. Asegura que la situación en las residencias que "desembocó en el fatal escenario actual" era "conocida y consentida" por la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad y por el Servicio de Inspección de Mayores y Discapacitados, a cuyos responsables considera "cómplices".

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