Lejos de amainar, la polémica sobre la persecución de bulos por parte del Gobierno se avivó ayer con unas declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, que se mostró también en contra de los "mensajes negativos". La ministra defendió la persecución de bulos que "transmiten a la ciudadanía consecuencias que luego pueden alterar su salud" y que "van en contra de los criterios científicos y la credibilidad de las instituciones públicas".
En el transcurso de una entrevista en Los desayunos de TVE, la titular de Educación señaló que "no podemos aceptar que haya mensajes negativos, en definitiva falsos", y explicó que corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "perseguir el delito" que posteriormente "enjuiciarán los tribunales". Añadió Celaá que, en las circunstancias actuales, hay que "proteger a la ciudadanía" de "mensajes falsos" para "tratar de mantener las condiciones sanitarias" que son precisas en mitad de la pandemia.
El Estado Mayor de la Guardia Civil pidió el pasado 15 de abril por correo electrónico que las comandancias y unidades del Instituto Armado identificaran bulos y desinformaciones "susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno" en el marco del estado de alarma por la pandemia de coronavirus. Celaá defendió la labor de los responsables técnicos que comparecen habitualmente en Moncloa después de que el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manual Santiago, asegurase que entre las funciones del Instituto Armado está la de "minimizar el clima contrario a la gestión de crisis del Gobierno".
Por su parte, sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil achacan de forma unánime el "error" del general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, a la política de comunicación de Moncloa que "sobreexpone" a los mandos al ofrecer una rueda de prensa diaria de la crisis del coronavirus, aunque no haya novedades relevantes en el plano policial.
Entienden los sindicatos policiales que tendrían que dar explicaciones los responsables del Ministerio del Interior o los directores generales, y dejar a los mandos las cuestiones operativas.
Mientras tanto, jueces, abogados y expertos en Derecho Constitucional consultados por Europa Press advierten de la difícil respuesta penal que puede darse a los denominados "bulos" como los que estos días se podrían estar difundiendo en relación el Covid-19 y su gestión por parte del Gobierno. Coinciden en que la labor de encajar estas conductas en un delito determinado corresponde en todo caso a los jueces y fiscales, si bien las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden perseguir las conductas en redes que consideren delictivas.
