"Ayuda" es la palabra más evocada por los interlocutores del sector agrario en Galicia, interpelados para que expongan sus fórmulas para que el campo se recupere en la era posterior al Covid-19, tras el actual batacazo. La próxima crisis, aseguran, tiene que coger al sector trabajando, es decir, con la actividad primaria fortalecida para conseguir una estabilidad poco expuesta a los vaivenes de consumo. En este camino, que ahora se antoja largo, ganaderos, agricultores, viveristas y ecologistas tienen claro que el producto local y los mercados de proximidad tienen la llave de la recuperación.
Fijarse en la etiqueta. Desde Unións Agrarias defienden que cuando la próxima crisis "llegue sin avisar" es preciso que lo haga con un sector primario fuerte y estable. Para conseguirlo recomiendan actuaciones en 4 ejes: la financiación con una Política Agraria Común (PAC) solvente y enfocada al productor activo; erradicar el uso de excedentes de producción como arma comercial para ganar cuota de mercado mediante las ventas a pérdidas; dotar a las explotaciones de tierra para abaratar los costes de producción „ "no nos podemos permitir tener en Galicia 600.000 hectáreas de suelo yermo", dicen „ y, por último, la implementación de la Ley de Cadena. Tan importante como lo anterior, añaden desde UUAA, es que "la sociedad responda a este esfuerzo con un gesto tan sencillo como lo de mirar la etiqueta de los alimentos y comprometerse solidariamente con los "productores del país".
Regulación justa de la cadena de valor, desde el producto local. Rosa Arcos, presidenta de la Federación Galega de Mulleres Rurais (Fademur), asegura que de la mala experiencia del coronavirus se ha sacado un aprendizaje: la importancia de la agricultura y la ganadería familiar, local, y de proximidad "para garantizar la alimentación de la población". Por este motivo defiende la necesidad de que "la producción de alimentos tenga „como tuvo durante el estado de alarma„ la consideración permanente de sector estratégico y esencial". Para ello, especifica, las administraciones deben colaborar en el establecimiento de una regulación justa sobre la cadena de valor para que todos los mercados puedan acceder "a alimentos producidos en el entorno próximo y que sirvan para remunerar a precios justos el trabajo de la gente que vive y cuida el rural".
Aplazamientos en materia de fiscalidad. El Sindicato Labrego Galego (SLG) ve "insuficiente" el aplazamiento de las declaraciones y liquidaciones del primer trimestre en el sector agroganadero decretadas por el Gobierno. Según su criterio deberían extenderse hasta el 20 de junio "sin intereses" ya que, solo de esa manera, apuntan tendrán repercusión a efectos recaudatorios y para dotar de mayor capacidad de maniobra a los productores en este contexto.
Salidas para el sector cárnico. La paralización de la hostelería está lastimando enormemente el consumo de carne de vacuno. Una parte importante de la demanda provenía de los restaurantes y, a consecuencia del estado de alarma, todas las explotaciones de vacuno se están viendo afectadas, tal y como denuncia la Federación Rural Galega, Fruga. "Estamos hablando de un producto con una calidad consolidada, hay que tener en cuenta que un porcentaje importante de esta producción, se comercializaba bajo el sello de la IXP Ternera Gallega, Indicación Geográfica Protegida creada por los años 90, y que engloba cerca de 9.000 explotaciones", especifican. Un porcentaje importante de los ingresos de estas granjas viene de la venta de vacas de desvelle y de ternera de recría. La Federación demanda que se tomen medidas para sufragar las dificultades que están sufriendo los productores de carne. "Si los mataderos no sacrifican los terneros de cebo, los ganaderos no perciben los ingresos correspondientes, lo que está provocando una acumulación de animales en sus granjas, no pudiendo ser vendidos en el tiempo correspondiente". Según explican, esta situación afecta tanto a las explotaciones cárnicas como a las lácteas por la bajada de precios de las vacas como del consumo. Estas medidas "urgentes" deben contribuir con el fin de evitar el abandono de la producción de carne de vacuno en la comunidad que es "la principal actividad económica de muchas comarcas gallegas", recuerdan desde la entidad.
Apoyo a los viveristas. El sector viverista reúne en Galicia a 289 productores de planta ornamental, plantel de huerta y flor cortada y ya cifra en unos 18 millones de euros las pérdidas estimadas en la actual campaña de primavera, consecuencia del coronavirus. La Asociación de Viveristas del Noroeste, Asvinor, recuerda que entre los meses de marzo y abril se concentra la venta del 70% de su producción. Ante esta situación, han solicitado ayudas tanto al Ministerio de Agricultura como a la Xunta, para "evitar la desaparición del sector", que, como especifican, antes de la crisis del Covid-19 se encontraba en un momento dorado de expansión.
Favorecer el mercado de proximidad. La asociación ecologista Amigos da Terra reivindica el papel fundamental del sector agrario y ganadero durante la crisis del coronavirus que, según apunta, padece "costes inasumibles" derivados en especial del cierre de los mercados de proximidad. "Esta situación está afectando profundamente a sus modos de vida, además de estar incrementando el desperdicio alimentario por la imposibilidad de dar salida a sus productos, y, lo que es más grave, no están llegando alimentos frescos y saludables a la ciudadanía". Por ello, reclaman tanto al Gobierno central como a la Xunta que "garanticen que los mercados de proximidad, los circuitos cortos de comercialización y la producción de autoabastecimiento puedan seguir celebrándose en todas las comunidades".
Apoyo bajo el paraguas de la PAC. Los titulares de agricultura de la UE invocan más flexibilidades de las introducidas hasta ahora por las autoridades comunitarias en la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC). En un documento consensuado insisten en la "necesidad urgente" de adoptar medidas adicionales para preparar al sector para el día después. Proponen mayor laxitud en las fechas de pago previas, unas tasa más alta de los anticipos, o medidas específicas en los programas de desarrollo rural y en la ejecución de controles sobre el terreno.
