La Casa Blanca preparaba ayer un nuevo decreto para restringir la inmigración legal a EEUU debido al Covid-19, una medida diseñada para contentar a los votantes de Donald Trump, pero que difícilmente ayudará a atajar la crisis sanitaria y económica del país con más contagios del mundo.
Con la entrada de viajeros desde Europa y China vetada desde hace semanas, las fronteras cerradas y la emisión de visados cancelada en la gran mayoría de los casos, no está claro el alcance que tendrá la "suspensión temporal de la inmigración a Estados Unidos" que Trump anunció en un tuit a última hora del lunes de esta semana.
Según un borrador del decreto obtenido por la agencia Bloomberg y que aún está bajo revisión en el Departamento de Justicia, la medida negaría la entrada al país de la gran mayoría de solicitantes de nuevos visados de trabajo durante al menos 90 días.
El decreto incluye excepciones para quienes buscan empleo en la "producción de alimentos" o en la "protección de la cadena de suministro", lo que podría aplicarse a los trabajadores agrícolas temporales con visado H2-A, que en su gran mayoría llegan procedentes de México. También eximiría a aquellos trabajadores sanitarios o de investigación médica, cruciales en la lucha contra el coronavirus, de acuerdo con el borrador.
No está claro hasta qué punto eso supondrá un gran cambio respecto a la situación actual, dado que las citas para solicitar la gran mayoría de visados ya están canceladas desde hace más de un mes en los consulados de EEUU en todo el mundo y la entrada de refugiados al país está suspendida debido a la pandemia.
Sin embargo, Washington sí ha permitido hasta ahora que se procesen solicitudes de médicos o de trabajadores agrícolas temporales.
Eso ha irritado a activistas antiinmigración cercanos a la Casa Blanca como Mark Krikorian, que dirige el conservador Centro de Estudios sobre Inmigración (CIS), y que este mes consideró "absurdo" que se "importen" trabajadores para labores "que podrían hacer los estadounidenses" que se han quedado sin empleo debido a la crisis producida por el Covid.
Los primeros detalles conocidos sobre la medida apuntan a que las cosas no cambiarían al menos en ese ámbito, y que el decreto simplemente institucionalizaría lo que ya está ocurriendo a raíz de las directrices que ha emitido en las últimas semanas el Departamento de Estado.
"Puede que quieran hacer oficial lo que ya está en vigor, hacer una declaración llamativa que tenga un impacto mínimo", dijo una analista del Migration Policy Institute, Sarah Pierce, al diario The Washington Post.
Tampoco se espera, según el diario The Wall Street Journal, que la orden afecte a los inmigrantes que ya están en Estados Unidos o al proceso de renovación de visados.
Fuentes del Gobierno citadas por The Wall Street Journal indicaron que no esperan que el decreto implique cambios notables en la política estadounidense, por lo que la medida podría limitarse a crear la impresión entre sus votantes de que Trump está actuando. "En un momento en el que los estadounidenses están intentando volver a trabajar, es necesario actuar", dijo ayer la portavoz de Trump, Kayleigh McEnany, en un comunicado a los medios.
Y en una confirmación del trasfondo electoralista de la medida, la campaña de reelección de Trump aseguró que "introducir al país más competencia por los empleos empeoraría el desempleo y deprimiría los salarios, especialmente en las comunidades negras y latinas".
"Prevenir que entre más gente potencialmente infectada por el virus es una medida de seguridad adicional para el país", agregó el director de Comunicación de la campaña de Trump, Tim Murtaugh, que azuzaba así la idea de que los extranjeros son quienes traen el virus a pesar de que ya lleva meses dentro de EEUU.
El argumento de que el virus llega de fuera alimenta el discurso xenófobo que funciona tan bien entre los votantes de Trump, pero no tiene base en los hechos: no hay correlación entre los casos de Covid-19 por condado y el número de inmigrantes, según un estudio publicado ayer por el centro conservador CATO Institute.
Más de 800.000 casos
Mientras, el número de casos de coronavirus en EEUU superó ayer los 800.000, el cuádruple de los detectados en el segundo país con más contagios, España; al tiempo que los muertos en territorio estadounidense pasaban los 43.000, según el recuento de la Universidad de Johns Hopkins.
Varios de los estados más afectados, como Nueva York, insisten en la necesidad de hacer tests a gran escala antes de reabrir el país, y el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo, planeaba subrayar ese punto durante una reunión ayer en la Casa Blanca con Trump, que minimizó el problema de suministro de pruebas.
Cuomo, que mantiene una muy tensa relación con el presidente, sostiene que la reapertura paulatina de la economía debe ir acompañada de una extensa campaña de análisis clínicos y seguimiento de casos para evitar un repunte del Covid-19. Según el gobernador, el Gobierno federal debería encargarse de resolver el problema de la cadena internacional de suministros de equipos para hacer pruebas clínicas, para evitar la competencia entre los distintos estados del país.
