Galicia pide al Gobierno central iniciar el alivio del confinamiento social para paliar el impacto de la crisis económica causada por la pandemia del Covid-19. Sus propuestas iniciales son permitir una hora de ejercicio al aire libre para los ciudadanos -incluida la pesca y siempre de forma individual- y la apertura de negocios como los pequeños comercios, los concesionarios de ventas de coches, los talleres y los mercados de alimentos en la vía pública, así como la reactivación de los trabajos de rehabilitación de edificios, clave para el sector de la construcción. También aboga por que los ciudadanos puedan salir a la vía pública a pasear, estableciendo diferentes escenarios "por zonas y por edades y diferenciando ciudades y rural". Para este último, quiere un trato especial más laxo.
Tres días después de asegurar que la Xunta no propondría sus recetas para la desescalada hasta disponer de las conclusiones del estudio epidemiológico que inició el jueves, el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, avanzó sus primeras prioridades para reactivar la economía. Lo hizo tras la reunión semanal de su ejecutivo y horas antes del cónclave entre el Gobierno central y las comunidades para abordar cómo ir abriendo la mano del confinamiento. Feijóo expondrá sus propuestas a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en la conferencia de presidentes de mañana.
Feijóo negó un cambio de posición y matizó que las propuestas para una desescalada "completa" dependerán del citado estudio de seroprevalencia de la Consellería de Sanidade, que contará con dos oleadas de 50.000 muestras cada una. En ese sentido, criticó al Ministerio de Sanidad, pues los alrededor de 4.000 análisis que realizará en Galicia "no valen" para tomar decisión sobre la desescalada en la comunidad por su escaso tamaño.
Pese a ello, justificó una inmediata apertura parcial de la economía y de la salida a la calle en Galicia. Primero, porque el número de contagios mostrados por las 75.000 PCR realizadas por la Xunta ofrecen un 10% de positivos, lo que muestra que "el virus tiene poca circulación en Galicia". Segundo, por la relajación de la presión asistencial. Tercero, porque en Cataluña y Euskadi se permiten los mercados al aire libre. Y cuarto, por la necesidad de evitar mayores daños económicos, aspecto que ilustró con el sector de la automoción. "Si queremos fabricar coches, hay que dar la opción de venderlos", ejemplificó. En todo caso, señaló como requisito la garantía de protección de la salud, si bien esta no puede garantizarse al 100%.
También exigió, pese a que el Ministerio de Sanidad ni siquiera ha empezado su estudio epidemiológico, un cronograma, que considera "imprescindible" para evitar que la crisis económica cumpla las previsiones más pesimistas, que vislumbran una caída de la riqueza en España de hasta el 13%. "Necesitamos un horizonte previsible de nueva normalidad para todas las actividades económicas", expuso. Las medidas deberán ser "dinámicas" y "reversibles".
En lo relativo a sus propuestas, Feijóo defendió la apertura de negocios con limitaciones de aforo e incluso citas previas para evitar concentraciones de personas que puedan favorecer la propagación del virus. Reconoció "muchos contactos" con el sector hotelero de Galicia ante el "daño enorme" causado al turismo en la comunidad después de un crecimiento del 6% el año pasado y las previsiones de récords para el Xacobeo 2021. Abordan con el sector "qué quincena o mes" sería "prudente" para reanudar la actividad hostelera y hotelera "con aforos limitados" u otro tipo de precauciones.
Además, el Consello de la Xunta aprobó otras medidas. Tras reanudar la actividad en obra pública con medio millar de proyectos hace dos semanas, la Xunta aprobó ayer anular la suspensión de la tramitación de subvenciones y convenios que había forzado la declaración del estado de alarma. Esta medida afecta a 807 actuaciones por un importe de 721 millones de euros. Se trata de 346 procedimientos de subvenciones por 332 millones, a los que se unen 461 convocatorias de convenios por 388.
La Consellería de Política Social adelanta el pago de las rentas de inclusión social (Risga), las ayudas para las familias con ingresos mínimos, que suponen de media 550 euros mensuales. En lugar de abonarlas la semana próxima, la Xunta comenzó a pagarlas ayer, según Feijóo. Beneficia a 10.000 personas. Además, renueva la cobertura del alquiler para los 700 beneficiarios del Bono Alugueiro en abril, como hizo en mayo.
Gracias a las donaciones empresariales, la Xunta repartirá 395 dispositivos móviles en residencias de mayores y centros de discapacitados y menores con los que favorecer el contacto de sus usuarios y sus familiares.
Por último, la administración autorizó el gasto de 931.000 euros para adquirir seis ventiladores volumétricos, siete equipos de ventilación no invasiva, 13 ecógrafos, 545 mesillas de noche y 69 camas.
