PSOE y Unidas Podemos registraron ayer el formato de la comisión parlamentaria en la que se abordará en proceso de reconstrucción tras la crisis sanitaria. La iniciativa de ambas formaciones muestra el desacuerdo de los partidos sobre este grupo de trabajo. El PP quiere presidir la comisión con el argumento de que es el principal partido de la oposición y defiende que el órgano parlamentario debe evaluar la gestión de la crisis por parte del Gobierno.

La comisión parlamentaria para la reconstrucción es el resultado del encuentro que el presidente Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, celebraron a comienzos de semana. El órgano del Congreso sustituye a la mesa de partidos para unos nuevo pactos de la Moncloa que el jefe del Ejecutivo venía defendiendo desde días atrás. La aceptación de su formato fue interpretada por los populares como un triunfo suyo, lo que los llevó a reclamar la presidencia de la futura comisión.

En la gestación, sin embargo, falta consenso entre los partidos. En ausencia de un acuerdo con el PP, PSOE y UP optaron por registrar ayer en el Congreso su propuesta de creación de una comisión parlamentaria para la "reconstrucción" social y económica tras el coronavirus. El formato sería el de una comisión no permanente, con un tiempo de trabajo determinado de antemano. Comparecencias, debates y propuestas acordadas culminarían en un dictamen, que se votaría en el pleno del Congreso, para lo que el PSOE y UP ofrecen un plazo de dos meses prorrogables.

El PP, en cambio, apuesta por una comisión que vaya más allá de analizar iniciativas para la reconstrucción del país y que permita enjuiciar la gestión del Gobierno durante la crisis. Los socialistas y Podemos manifiestan reticencias ante este último cometido por entender que los populares buscan una plataforma parlamentaria para desacreditar al Ejecutivo.

En lo que sí hay acuerdo es en que la futura comisión abarque cuatro grandes áreas: el reforzamiento de la sanidad pública, la reactivación de la economía, el fortalecimiento de los sistemas de protección social y la mejora del sistema fiscal y, la posición de España ante la UE.