La presidenta de la Rede Galega contra a Pobreza (EAPN Galicia), Eloína Ingerto López, alerta de que la pandemia de SARS-CoV-2 ha agravado la situación de los ciudadanos y de los hogares que sufrieron con mayor virulencia el azote de la anterior crisis económica y que "apenas se habían beneficiado de la recuperación", y asegura que el impacto del coronavirus está dejando especialmente noqueados a colectivos con otros factores de exclusión, como las familias monoparentales -con mujeres solas a cargo de varios hijos-, personas con discapacidad, víctimas de violencia machista, mayores o inmigrantes, entre otros. "En general, a todos aquellos que malvivían de la economía informal o que se encontraban en una situación laboral precaria, que se han quedado sin ningún tipo de ingreso y que tampoco tienen la posibilidad de pedir ayuda a las administraciones, en muchos casos", advierte.

La organización que preside valora la decisión de la Xunta de adelantar el pago de la Risga, y que se flexibilicen y reduzcan los requisitos burocráticos en las solicitudes y renovaciones de esta renta, así como el suministro de mascarillas a 700.000 personas en situación de vulnerabilidad. No obstante, considera "imprescindible" que el Gobierno gallego continúe "planteando ayudas de emergencia" para este tipo de situaciones "mientras no se perciba el impacto de las medidas estatales", bien de manera directa o a través de los ayuntamientos y las entidades de acción social.

¿En qué escenario trabajaban las entidades sociales que integran EAPN Galicia antes de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, y cuál es el panorama actual?

Trabajábamos desde años atrás en una situación de crisis económica. En la última década, tanto en Galicia como en el conjunto de España se venía registrando un número muy elevado de personas en situación de pobreza. Había muchísimos ciudadanos al margen, cuya situación se estaba empezando a recuperar muy lentamente, y la pandemia de coronavirus lo ha vuelto a echar todo por tierra. El primer impacto es brutal: ha tumbado a los que empezaban a levantarse y ha dejado sin ingresos, y por tanto en situación de extrema vulnerabilidad o pobreza, a personas que hasta ahora sobrevivían con lo justo, día a día.

¿Qué colectivos están siendo los más afectados por la actual situación?

Las entidades sociales estamos constatando el agravamiento de la situación de los colectivos más afectados durante la pasada crisis económica, como las mujeres, los jóvenes o los niños, y especialmente de los que tienen otros factores de exclusión añadidos, como las familias monoparentales con varios hijos, las personas con discapacidad o los mayores, especialmente los que sufren algún grado de dependencia, entre otros.

La Xunta aprobó adelantar una semana el pago de la Risga, y flexibilizar los requisitos burocráticos para solicitar y renovar esta ayuda, tal y como demandaban desde EAPN Galicia. ¿Qué otras acciones urgen a la Administración autonómica?

Es fundamental avanzar en las medidas de emergencia social, potenciar la coordinación entre las administraciones y con las entidades del Tercer Sector, especialmente en el ámbito local, multiplicar el presupuesto de vivienda, trabajar contra la exclusión residencial y fortalecer la reducción drástica de la burocracia.

¿A qué medidas concretas de emergencia social se refiere?

Bolsas comedor, prestaciones a las víctimas de la violencia machista -en especial de prostitución o trata- o equipación informática para reducir la brecha digital en el ámbito educativo irían en esta línea. La experiencia de otras emergencias sociales nos demuestra que la cronificación de la pobreza y de la exclusión puede evitarse si tras una primera fase de atención urgente de las necesidades básicas, se pasa lo antes posible a las medidas no asistencialistas basadas en la inclusión y en la garantía de ingresos, a través del empleo digno o de prestaciones sociales efectivas y ágiles.

¿Respaldan las entidades del Tercer Sector la puesta en marcha del Ingreso mínimo Vital (IMV) en los términos anunciados por el Gobierno?

Es fundamental que haya un Ingreso Mínimo Vital a nivel estatal, entendido como un derecho subjetivo, tal y como llevan demandando desde hace años las entidades integradas en la red EAPN España. No obstante, este Ingreso Mínimo Vital solo será efectivo si se hace de manera consensuada con las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las redes que articulan el Tercer Sector de acción social, asegurando que se complementa desde la Xunta hasta el umbral de la pobreza. En especial, en aquellas familias con menores o personas dependientes a su cargo, y evitando el peligro de colapso de los servicios sociales comunitarios por el aumento de la burocracia.

¿Cómo se va a dar respuesta a la previsible avalancha de necesidades en los servicios sociales de los ayuntamientos cuando finalice el confinamiento?

Nos preocupa la falta de coordinación entre las administraciones públicas gallegas: Xunta, ayuntamientos, diputaciones y organizaciones de acción social. Esto está provocando redundancias y una pérdida notable de la eficacia y la calidad de la atenciones a las personas más vulnerables. Se debe avanzar en la creación inmediata de mesas locales de coordinación de la acción social. Las entidades del Tercer Sector son parte y garantía del sistema público de servicios sociales y están teniendo un papel esencial en primera línea contra la pandemia, desarrollando una labor de asistencia de urgencia, informativa y preventiva con las personas más afectadas por la crisis provocada por el coronavirus. Por eso la interlocución normalizada con las administraciones debe estar asegurada.