Antonio Fontenla representa los intereses de los empresarios gallegos y coruñeses desde la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y de A Coruña (CEC). Pide una mayor "claridad y concreción" al Gobierno central, exige adaptar los ERTE a las fases de desescalada y cuestiona la elección de la provincia como ámbito de ejecución.

¿Cómo valora el plan de desescalada por fases elaborado por el Gobierno ?

La primera impresión es que carece de planificación y abunda en indefiniciones. Por ejemplo, desde la CEG consideramos que la provincia no es la unidad geopolítica adecuada para desarrollar el plan de desescalada porque está superada por la operatividad de las comunidades autónomas.

¿Y qué proponen?

Desde que España acometió su importante red de carreteras, la división provincial tiene mucha menos relevancia que en etapas anteriores. Si la alarma es de tipo sanitario, como corresponde a una pandemia por coronavirus, en mi opinión la desescalada tendría que hacerse por departamentos sanitarios, no por provincias. Lalín está más cerca de Santiago para cualquier urgencia que de la capital provincial, Pontevedra.

Reclama, entonces, más protagonismo de los gobiernos autonómicos.

Sí, las comunidades conocen mejor que nadie el territorio que gestionan. El caso de Galicia, además, resulta muy claro. Tenemos más de 300 concellos con una gran concentración poblacional en solo siete de ellos. Lo lógico es pensar que hay zonas pobladas con un importante riesgo de contagio y otras que no tienen una sola infección en el término municipal. Por consiguiente, tanto el confinamiento como la desescalada deberían tener en cuenta este tipo de consideraciones y parámetros.

¿Y en cuanto a la reactivación económica derivada de este proceso?

Tras la aprobación anteayer por el Gobierno del denominado Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a esa nueva normalidad, con las máximas garantías de seguridad, tras la crisis provocada por el Covid-19, desde la CEG ponemos el acento en la necesidad, más imperiosa que nunca, de dotar de flexibilidad a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para sincronizarlos con la recuperación gradual de la actividad económica y dotar de liquidez a las personas trabajadoras afectadas por los mismos.

De lo contrario, ¿cuáles pueden ser las consecuencias?

Debemos contar cuanto antes con un sistema de transición de los ERTE por causa de fuerza mayor hacia la nueva realidad. De otra forma, habrá sido en balde todo el esfuerzo llevado a cabo hasta ahora para preservar el empleo y muchas empresas y autónomos se verán abocados a desaparecer. Se trata de un grave problema que debemos resolver cuanto antes, ya que en este momento contamos con más de 230.000 trabajadores afectados por ERTE de fuerza mayor en Galicia. Por ejemplo, si solo me dejan abrir un tercio de mi negocio, no puedo incorporar de golpe a todos los trabajadores del ERTE. Si eso ocurriera posiblemente me iría a la ruina, dado que no cubriría los gastos generales. Pese a valorar como positivo el plan en el sentido de permitir el tan necesario movimiento de la economía para volver a coger ritmo, es necesario completarlo con medidas complementarias que lo doten de claridad y concreción. Para ello, es fundamental contar con la participación activa de las empresas y sus organizaciones representativas en la definición de las condiciones del proceso de desescalada.