"Confuso e incompleto". Así define el presidente del Cámara de Comercio de A Coruña el plan de desescalada anunciado por el Gobierno -con cuatro fases para que los distintos sectores económicos pueden reiniciar su actividad- y que, espera, sus protocolos de actuación sean consensuados con los representantes económicos y sociales. De lo contrario, Antonio Couceiro es tajante al analizar las consecuencias: "Se corre el riesgo grave de que pueda ser eficazmente ejecutado". De entrada, apunta, que las condiciones fijadas por el Ejecutivo de Sánchez hacen inviable el reinicio de muchas actividades. ¿Las consecuencias? "Si, por una parte, las restricciones que se imponen no permiten que el negocio sea viable y, por otra, no existen ayudas al mantenimiento del empleo, va a ser difícil", sentencia Couceiro, para quien cualquier plan de desescalada debería trabajarse "al mismo tiempo" con los planes de recuperación y reconstrucción de la economía y "de forma colaborativa" con todos los agentes y sectores afectados.

¿Ve acertado el plan de desescalada anunciado por el Gobierno pero todavía pendiente de desarrollar?

Es un plan confuso e incompleto. Al no recoger medidas para hacer viable su ejecución, (comercios, restaurantes y bares) abrirán con muchas restricciones. A ese plan le falta la parte final: definir cómo se va a llevar a cabo y cómo se va apoyar a los distintos sectores para garantizar su futuro. Hay muchas restricciones y eso conllevará una importante caída de la facturación que irán recuperando poco a poco. El plan en sí da una visión de los distintos escenarios pero hay que desarrollar cada una de esas fases.

¿Principales pros y contras?

Es un paso para empezar a visionar los escenarios y ver cuánto puede durar el confinamiento. ¿Inconvenientes? No se ha consensuado con los distintos agentes, sobre todo con aquellos que lo tienen que ejecutar. Además, establece muchas restricciones que de entrada parece que hacen inviable el reinicio de muchas actividades. El plan es imprescindible, pero además de que le falta concreción y acciones para su implantación, debe ser consensuado con los diferentes representantes económicos y sociales. Es la manera de comprometer a todos y garantizar la mejor de las ejecuciones. De lo contrario corremos un riesgo serio de que pueda ser eficientemente ejecutado.

¿Están preparadas las empresas para iniciar esa desescalada que está a la vuelta de la esquina?

Las empresas van a hacer todo lo que esté en sus manos para cumplir las exigencias impuestas porque se están jugando su supervivencia. Pero han de existir protocolos claros y poder disponer de los medios necesarios para implantarlos. Y en estos momentos, los protocolos no han sido aprobados en la mayoría de los sectores y además existen dudas de que los empresarios puedan disponer de los medios necesarios desde el punto de vista de la seguridad sanitaria de sus empleados.

Han surgido muchas dudas sobre cómo se debe retomar la actividad en muchos sectores, ¿cuáles son las principales cuestiones que les han planteado las empresas a la Cámara de Comercio de A Coruña?

La demanda más habitual es precisamente el desconocimiento de los protocolos que han de aplicar las empresas y además que, entiendo, deben ser consensuados con los representantes de los diferentes sectores. Por ejemplo desde las Cámaras de Comercio y conjuntamente con la Cámara de España hemos impulsado a través de la Secretaría de Estado de Comercio reuniones de las conferencias sectoriales de comercio, donde están también las federaciones de comercio y las comunidades autónomas, para tratar de definir esos protocolos y, por otra parte, ir trabajando ya en un plan de reactivación económico.

¿Qué sectores les han transmitido una mayor preocupación?

Fundamentalmente, el comercio, la hostelería y el turismo. Son los más golpeados por esta crisis y los más afectados por el reinicio de la actividad.

Hay sectores, como la hostelería, que advierte de que las restricciones podrían provocar el cierre del 30% de los locales.

La preocupación es generalizada en el sector. La opinión es que no se puede volver a la actividad con las condiciones que se recogen en el plan. Es imprescindible redefinir esas condiciones y, además, contar con apoyos directos a la actividad y al mantenimiento del empleo mientras no se recupere la demanda.

Cuando todavía no se ha retomado la actividad, ya planea sobre la mesa el temor a cierres y despidos...

El deseo de los empresarios es el de no despedir, sino poder recuperar la actividad manteniendo el empleo. Pero si, por una parte, las restricciones que se imponen no permiten que el negocio sea viable y, por otra parte, no existen ayudas al mantenimiento del empleo, va a ser difícil. Por eso, es muy importante que existan ayudas al mantenimiento de empleo, que, además, a nivel de Unión Europea se está pergeñando el programa Sure con el objetivo de que las empresas puedan mantener el empleo modulando el porcentaje de actividad que tengan en cada momento. De esta manera, la empresa no tiene que despedir pero obtiene unas ayudas importantes para poder mantener a los trabajadores mientras se recupera la actividad.

¿Qué ocurre a partir de ahora con las empresas que se acogieron a un ERTE?

Los ERTE deberían prorrogarse de forma automática e irse modulando, incrementando la jornada o incorporando paulatinamente a los trabajadores en función de los niveles de actividad. Esa es la única manera de conseguir que la empresa sobreviva y de mantener el empleo. Para que las empresas pueden seguir sobreviviendo, porque todavía estamos en fase de supervivencia -luego vendrá la de recuperación y reconstrucción- es imprescindible que se mantengan y se amplíen las líneas de liquidez y de financiación con avales públicos del ICO y también de las sociedades de garantía recíproca y, por supuesto también, pudiendo aplazar los impuestos. No tiene mucho sentido que desde el Gobierno y la Administración Pública se haga un esfuerzo importante para que dispongan de liquidez, y por otra parte, le esté cobrando impuestos que le reducen esa liquidez. Desde el comenzó de esta crisis el Gobierno ha llegado tarde, ha sido lento en la aplicación de las medidas financieras y cicatero en las medidas fiscales.

¿Ha hecho una estimación sobre la inversión necesaria para garantizar el empleo amenazado por la crisis del Covid-19?

Todos los planes de desescalada, recuperación y reconstrucción de la economía deberían estar trabajándose al mismo tiempo y de forma colaborativa con todos los agentes y sectores afectados y por supuesto las comunidades autónomas. Pero el Gobierno debería impulsar un plan extraordinario de inversión en obra pública, vivienda nueva y rehabilitación, estimo en más de 150.000 millones de euros y que podría generar más de dos millones de empleos para dar trabajo temporalmente a los más de dos millones de parados que va a generar esta crisis.