En el año 2010 entró en vigor la ley Ley 32/2010, que se iría desarrollando más tarde y que daba al fin respuesta a una histórica demanda del colectivo de autónomos: el reconocimiento de un subsidio o paro específico. Siempre estuvo descafeinado. El año pasado, por ejemplo, se presentaron en Galicia 375 solicitudes; casi cuatro de cada diez fueron denegadas, sobre todo por no tener cubierto el periodo mínimo de cotización o no haber acreditado correctamente las causas de cese de actividad. Finalmente, fueron 217 los trabajadores por cuenta propia que accedieron a esta cobertura. Resulta imposible atisbar cualquier similitud con el escenario actual.

Solo hasta el 17 de abril, de acuerdo a los datos de la Asociación de Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social (AMAT), se reconoció la prestación por cese de actividad a 58.298 autónomos gallegos. Se denegaron menos de dos de cada cien peticiones. Este nivel de cobertura es equivalente a 1.880 rescates diarios por el Covid-19, una cifra que supera los subsidios validados en los últimos cuatro años juntos (1.048). De momento, tal y como está redactada la normativa extraordinaria, los efectos de esta prestación seguirán vigentes hasta el último día del mes en que dure el estado de alarma. Para acceder a la ayuda los autónomos tienen que probar que han estado cerrados (por imperativo, como bares o tiendas de ropa) o que sus ingresos han bajado un 75%. Todas las asociaciones que representan a este colectivo, que supera los 200.000 efectivos en Galicia, han solicitado rebajar este umbral hasta el 40 o el 50%, a fin de dar cobertura al mayor número de negocios posible.