En casi la mitad de los concellos gallegos no se ha registrado ni un solo caso de coronavirus en siete días, según datos hechos públicos por la Xunta la semana pasada, y, a pesar de ello, su población está confinada y su actividad económica paralizada. Según la planificación del Gobierno, estos municipios deberán esperar, igual que el resto, a mediados de junio para alcanzar la última fase de desescalada, que les permitiría abrir con menos restricciones comercios, bares y restaurantes, permitir el acceso a playas, el funcionamiento al cien por cien del transporte público o levantar los vetos a las reuniones sociales. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no le ve sentido y, por eso, ayer reclamó al Ejecutivo central que los municipios con cero contagios puedan acceder directamente a la fase más avanzada de la desescalada. En Galicia esto beneficiaría a 140 ayuntamientos.
La comunidad gallega no fue la única que defendió esta tesis en la conferencia de presidentes que se celebró ayer. Así, los representantes tanto de Extremadura como de Castilla y León pidieron que el rural pueda avanzar más rápidamente en la reactivación de la actividad. Andalucía, por su parte, propuso que haya mayor flexibilidad en las restricciones para los municipios en los que haya menos de diez contagios por cada 100.000 habitantes.
La delimitación territorial por provincias para organizar la desescalada es otro punto que no convence a la mayoría de comunidades autónomas. En este sentido, Feijóo insistió en que debe organizarse por áreas sanitarias y dentro de estas deben contemplarse "microzonas" que se corresponderían con los distritos sanitarios y que podrían cerrarse o limitar la movilidad si hay un rebrote. Y, entre estas zonas, en su opinión, deberían permitirse los desplazamientos, si ambas regiones están en la misma situación epidemiológica.
El Boletín Oficial del Estado publicó ayer una orden en la que contempla la posibilidad de que los gobiernos autonómicos utilicen para el desconfinamiento una unidad territorial más pequeña de la provincia. Sin embargo, Feijóo aseguró ayer que todavía no existe un compromiso de que se pueda organizar la desescalada en función de las áreas sanitarias.
La Xunta también trasladó al Gobierno su demanda de que los núcleos de población con menos de 5.000 habitantes queden liberados de cumplir las franjas horarias para organizar las salidas de la población, una obligación que el Ejecutivo acotaba a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.
"Esto ha impedido que 1.100.000 gallegos pudiesen salir a pasear sin restricciones horarias", lamentó ayer el presidente gallego, que añadió que el Gobierno se comprometió, en todo caso a revisarlo.
Pero uno de los principales puntos de fricción de la conferencia de presidentes celebrada ayer fue la oposición de los líderes de cinco comunidades autónomas, entre ellos Feijóo, a que se prorrogue el estado de alarma, queja que no fue atendida por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El presidente de la Xunta lamentó que se mantenga "cautiva" a la población y alertó de que se está ante una situación "más parecida a un estado de excepción". En su opinión, se está haciendo un "un uso desproporcionado" de esta herramienta. Por eso, propuso que no se siga prorrogando " sine die" o, en su defecto" se module de manera distinta en función de los territorios.
También Madrid, Andalucía, País Vasco y Cataluña pidieron poner fin al estado de alarma, mientras que Murcia y Castilla y León también pusieron pegas a nuevas prórrogas.
