El conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia, Valeriano Martínez, trasladó ayer al Ministerio de Hacienda su rechazo a los criterios de reparto de los fondos adicionales anunciados por el Gobierno central para afrontar la crisis del Covid-19 al entender que "se alejan de los criterios de financiación autonómica".

Así lo señaló en un comunicado emitido tras participar en una videoconferencia con representantes de otras autonomías y del Ministerio de Hacienda, en la que pidió un mayor peso del criterio de población ajustada, es decir, el que tiene en cuenta factores como la dispersión poblacional o el envejecimiento a la hora de realizar el reparto.

"Este criterio solo determina el 28% del reparto de los 10.000 millones de euros de gasto sanitario anunciados, mientras que el 72% restante se hará en base a tres indicadores: pruebas PCR, hospitalizaciones e ingresos en UCI", considera Martínez, quien entiende que el criterio de población ajustada está "infraponderado".

De este modo, el responsable de Hacienda del Ejecutivo gallego ha pedido que el peso de este criterio sea mayor, acercándose, como mínimo, al la mitad del total, si bien "el propio Gobierno utilizó recientemente criterios distintos para el reparto del Fondo Social extraordinario, con la población ajustada determinando el 90%".

Asimismo, Martínez ha precisado que "el Ministerio de Hacienda confirmó que ese será el criterio de reparto para los 1.000 millones de euros del nuevo fondo social", mientras que los criterios de reparto para los 5.000 millones de euros relativos al descenso de la recaudación "se fijarán en una reunión posterior". Por último, el conselleiro también demandó que las comunidades autónomas "no tengan que asumir en 2022 una liquidación negativa por culpa del descenso de la recaudación que se producirá en este ejercicio respecto a las entregas a cuenta".

El comité de expertos económicos organizado por la Xunta para la recuperación de la actividad económica ha concluido que el Gobierno central debe "desvincular" los expedientes reguladores temporales de empleo (ERTE) de fuerza mayor del estado de alarma actualmente en vigor, cuya prórroga en el Congreso todavía está en el aire.

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, fue el encargado de explicar el alcance de la reunión de este lunes, que contó con la participación del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; de los conselleiros de Facenda, Valeriano Martínez; do Mar, Rosa Quintana; y do Medio Rural, José González; así como de representantes del ámbito académico y empresarial.

Tras el comité, que ha estado centrado en el empleo, Conde ha subrayado que desvincular los ERTE del estado de alarma servirá para "dotar de seguridad jurídica y certeza a los propios empresarios y autónomos".

Además, la comisión ha abordado la necesidad de "flexibilizar" las jornadas laborales y adecuarlas a "las necesidades" actuales, una cuestión en la que el conselleiro de Economía cree que deben trabajar "sindicatos y patronal para identificar puntos de encuentro". Los expertos demandaron bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social "que permitan incentivos a la contratación y al mantenimiento del empleo".