En caso de que el Gobierno no lograra hoy el preceptivo aval del Congreso para una nueva prórroga del estado de alarma, la alternativa podría estar en varias leyes sanitarias para seguir actuando contra el coronavirus. Sin embargo, Moncloa perdería el mando único y estaría obligada a una mayor coordinación con las comunidades. Ello acarrearía riesgos para una aplicación exitosa y segura de un proceso de desconfinamiento que ya está en marcha, tal y como advierten varios constitucionalistas, quienes al mismo tiempo que admiten la posibilidad de acudir a un marco legislativo alternativo inciden en la mayor complejidad que supondría su aplicación.

La Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 se presenta como la principal norma que podría utilizar el Ejecutivo en caso de no conseguir respaldo parlamentario a una nueva prórroga del estado de alarma. Se trata de una ley breve, de solo cuatro artículos. El tercero dice: "con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".

Un planteamiento muy genérico al que también se podrían añadir otros postulados de la Ley de Salud Pública de 2011, la Ley General de Sanidad de 1986 e incluso de la Ley de Seguridad Nacional de 2015 o la de Protección Civil.

Pero ninguna faculta al Gobierno para mantener el confinamiento que se activó con el estado de alarma, cuya prórroga ponen en entredicho cada vez más fuerzas de la oposición y también muchas comunidades. En todo caso, las alternativas obligaría a una nueve etapa con las autonomías recuperando competencias para afrontar la crisis y teniendo capacidad para medidas asimétricas en sus territorios.