Si el Gobierno no logra extender el estado de alarma más allá del 24 de mayo -dadas las dificultades que tuvo en la última prórroga, y pese a la mano tendida de Ciudadanos, no es descabellado-, ¿un hotel tendría que reincorporar a toda su plantilla aún habiendo restricciones a la movilidad, teniendo en cuenta además de Bruselas recomienda restringir los viajes no esenciales hasta al menos el 15 de junio? ¿Y un restaurante con un tercio del aforo permitido? ¿Y ante un rebrote de la pandemia que obligara a regresar a una fase más restrictiva de la desescalada?

Eran las cuestiones que traían de cabeza a patronal y sindicatos ante el riesgo evidente de insolvencias masivas; de que un instrumento como los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) por fuerza mayor, creados para ayudar a digerir el cerrojazo de la actividad económica, no fuesen un torniquete, sino una desencadenante de la gangrena.

Y el Ejecutivo, previo acuerdo de los agentes sociales, ha propiciado un acuerdo que permitirá acompasar las necesidades de las empresas a la deshibernación. Los ERTE por fuerza mayor se extenderán así hasta el 30 de junio, "en ningún caso más allá", aunque se articularán excepciones para aquellos sectores que no estén preparados para sacar a todos sus empleados de la suspensión de contrato cuando vuelvan a levantar las persianas. Y, si están en riesgo de quiebra, podrán despedir. En Galicia, y hasta este viernes, estaban en ERTE 235.132 trabajadores; más de 3,3 millones en toda España.

Este pacto, celebrado ayer por todas las partes, permitirá amortiguar los efectos económicos de todo el proceso de desescalada en Galicia, en el que aún se mantendrán limitaciones de movimiento. Si la comunidad, como se espera, logra ir quemando fases de desconfinamiento cada 15 días, podría alcanzar la denominada "nueva normalidad" a finales de junio (como pronto el día 22), antes de que se extingan los ERTE. No obstante, para algunos sectores específicos, como el turismo o el transporte de viajeros, cabría la posibilidad de prolongar aún más las regulaciones. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebró el acuerdo, para el todos tuvieron que conceder cesiones. "Supone que nadie queda atrás. Proteger a las empresas y a los autónomos es proteger a los trabajadores y a la economía de nuestro país", subrayó la ministra al término de la reunión extraordinaria del Ejecutivo. "Han demostrado que su compromiso es con el país, más allá de sus diferencias".

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, calificó de "magnífico" el acuerdo para prorrogar los ERTE "en las mismas condiciones pactadas anteriormente, es decir, sin que los trabajadores consuman las prestaciones por desempleo e incorporando a las personas que por no haber cotizado lo suficiente en condiciones normales no hubieran podido acceder a estos ERTE". El secretario general de LA Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, señaló que "el acuerdo va a dar estabilidad y permitir, en la medida en que sea posible, que todos los trabajadores en ERTE puedan recuperar su puesto de trabajo". La Confederación Intersindical Galega fue muy crítica con el pacto social, que para su secretario xeral, Paulo Carril, es "una auténtica y nueva reforma laboral que sienta las bases de una versión más dura contra la clase trabajadora".

La patronal CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) manifestó que hubiese deseado un acuerdo "a más largo plazo que hubiera dado seguridad a las empresas y a los trabajadores para acompañarlos en el proceso de recuperación total de la actividad", pero añadió que "aunque no es el acuerdo deseado, mejora la propuesta inicial". En el seno de la patronal hubo división, sobre todo en relación al punto que señala que los empresas estarán obligadas a mantener los empleos durante los 6 meses posteriores a la reanudación de la actividad.