13 de mayo de 2020
13.05.2020
La Opinión de A Coruña

3.000 familias de fallecidos se querellan contra el Gobierno por imprudencia grave

Un abogado de Valencia denuncia por prevaricación a Illa - Ayuso demanda a la Defensora del Paciente por acusarla de homicidios

13.05.2020 | 01:07
3.000 familias de fallecidos se querellan contra el Gobierno por imprudencia grave

Las primeras querellas del reguero de demandas por la pandemia y las medidas adoptadas por los gestores de la sanidad para afrontarla han llegado a los juzgados. Familiares de fallecidos acusan de homicidio imprudente a todo el Gobierno; un abogado valenciano se querella por prevaricación contra el ministro de Justicia por no incluir a su comunidad en la fase 1 de desescalada y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se querellará por calumnias e injurias contra la Defensora del Paciente que la denunció por homicidio imprudente.

Once abogados de distintos puntos de España han presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente Pedro Sánchez y todo su Gobierno en nombre de 116 familiares de víctimas del Covid-19 por un delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia. La querella se dirige contra los 23 miembros del Ejecutivo "como presuntos responsables, criminalmente, de un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave", por "haber permitido por acción o por omisión que la extensión de la pandemia, y el virus Sars-Cov-2, hayan acabado con la vida de los familiares". Hasta la fecha, 3.268 familias han manifestado su deseo que querellarse, pero solo 116 se han personado ya que, las restantes "no han podido obtener, hasta el momento", el Certificado Médico de Defunción.

En la querella, los familiares denuncian al Gobierno en pleno por su "irresponsable y negligente inacción", por su "actuación tardía y nefasta" y por "la negligencia de sus actos y omisiones para conseguir frenar, reducir y paliar en toda la nación los efectos de la epidemia" desde que tuvieron conocimiento de su existencia en diciembre de 2019 o enero de 2020.

Consideran que el Ejecutivo "decidió anteponer sus intereses por encima de la salud de las personas" cuando "a finales de febrero y primera semana de marzo se celebraron multitud de concentraciones y manifestaciones, y la vida ciudadana continuó de manera habitual, sin que la gran mayoría de los ciudadanos españoles tuvieran conciencia del riesgo que corrían, algo que el Gobierno sí conocía".

Se refieren a las concentraciones y manifestaciones de organizaciones agrarias y a las manifestaciones del 8-M, Día Internacional de la Mujer, "fomentadas activa y públicamente por varias de las querelladas", como la vicepresidenta Carmen Calvo y las ministras Montero, Darías e Isabel Celaá.

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