La conselleira de Política Social, Fabiola García, avanzó ayer que el Gobierno gallego tramitará en próximos días una nueva orden que tiene como objetivo reforzar la labor inspectora en las residencias de mayores. Así, las personas usuarias de las residencias y sus familias podrán presentar directamente las quejas y denuncias ante la consellería, con el objetivo de dar respuesta.

Lo dijo en respuesta a preguntas formuladas por los grupos de la oposición en la sesión de la Diputación Permanente que tuvo lugar ayer, en la que la conselleira también recordó la labor inspectora en lo que va de legislatura y en la que defendió la gestión de la Xunta en esta crisis sanitaria. Además, lamentó el número de fallecidos que hubo en las residencias de mayores, pero defendió la actuación con "transparencia" del departamento que ella dirige y la intervención en el 100 por cien de los centros.

Esta iniciativa se suma, dijo, a la puesta en marcha de campañas específicas para asegurar que las residencias respetan el patrimonio de los usuarios y el cumplimiento de los precios estipulados, para que no se facturen como "extra" cuestiones de forma "indebida".

Fabiola García indicó, asimismo, que el plan de inspección para 2020 prevé realizar más de 1.500 controles a centros de servicios sociales, un 20 por ciento más de las programadas el año anterior.

Las respuestas de la conselleira vinieron después de que la diputada Luca Chao (Común da Esquerda) censurase la gestión de la Xunta y lamentase que "no se disculpe por privatizar" estos centros. Además, la diputada le acusó de ir al Parlamento con un "disfraz de gestor frío e insensible" y le criticó que "no asumiese responsabilidades políticas" por lo ocurrido en las residencias de mayores, en que se concentró el mayor foco de contagios en Galicia.

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, cuestionó la "anticipación" de la que hizo gala la conselleira. "Si se anticiparon, explique qué pasó", dijo, antes de preguntar por los datos de cada una de las residencias y de pedir que "deje de confrontar con el Gobierno de España".