Prorrogar el estado de alarma durante al menos un mes más y que su aplicación pueda ser asimétrica, es decir por territorios en función de la fase de desescalada en el que se encuentren. Esta es la propuesta que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, llevará al Congreso de los Diputados la próxima semana. El mando único desaparecería y la máxima autoridad hasta el fin de la desescalada sería el ministro de Sanidad, como reclaman PNV y ERC, cuyo apoyo necesita junto con el de Cs y Compromis para sacar adelante la propuesta.
Este nuevo estado de alarma será diferente, según explicó el presidente, porque "tenemos que adecuar nuestra arquitectura institucional a esta nueva fase". Así el ministro de Sanidad, Salvador Illa, será el mando único en este nuevo período, en "contacto estrecho con las autoridades autonómicas" en el marco de la "cogobernanza" anunciada hace unas semanas. Así, decaerán los mandos especiales que ostentaban otros ministerios como Interior, Defensa y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
El jefe del ejecutivo indicó que, al igual que la desescalada, el estado de alarma podría ser también "asimétrico", de modo que podría levantarse antes en algunos territorios, incluso antes de que concluir el período de un mes porque "el Gobierno no tiene interés en prorrogar las restricciones a la movilidad y al derecho de reunión".
En el caso de Galicia el estado de alarma podría levantarse la segunda semana de junio si, como está previsto y la situación sanitaria lo permite, se entra en la tercera fase. La responsabilidad sobre transportes o Seguridad Ciudadana volverían a ser de la Xunta.
"Esperemos que sea el último estado de alarma", afirmó Sánchez en la rueda de prensa telemática en el Palacio de la Moncloa, en la que insistió en que este camino "es el único posible" y que, con la excepción de las libertades de movimiento y de reunión, "todos los derechos y libertades siguen intactos".
Con intención de que sea la última prórroga, Sánchez señaló que la duración se negociará con transparencia con los grupos que han estado dispuestos a negociar, porque "Vox y el PP ya han dicho que no sin conocer la propuesta", aunque añadió que esa dirección no será "un capricho político", sino que se basará en el criterio de los científicos, que han dicho que para evaluar el impacto de las sucesivas medidas de alivio se necesitan 14 días.
Sánchez también aclaró que el Gobierno quiere aprovechar esas semanas finales de estado de alarma para negociar con los grupos reformas legales, por ejemplo de la Ley General de Salud Pública, para ver cómo se puede "gobernar" la situación y "mantener a raya el virus" una vez terminado el estado de alarma. Para Sánchez, la necesidad del estado de alarma está avalada por el estudio de seroprevalencia, cuyos primeros resultados muestran que "un porcentaje muy menor", del 5 % de la población, ha estado en contacto con el virus.
"Si en vez del estado de alarma hubiéramos optado por la fórmula de dejar que el virus se difundiera, la infección podría haber costado la vida a 300.000 personas", indicó.
