El proyecto de Ley de Cambio Climático que ayer recibió el visto bueno del Consejo de Ministros para iniciar su tramitación parlamentaria no incluye de manera explícita una prohibición de venta o circulación de vehículos de combustión (gasolina y gasóleo, principalmente) a partir de una fecha determinada, pero la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, marcó el siguiente rumbo al presentar algunos pormenores del citado texto legal: "De acuerdo con lo que establece la Unión Europea, a partir de 2040 los coches nuevos que se pongan en el mercado deberán ser coches de cero emisiones por kilómetro recorrido, y a partir de 2050, y por tanto compatible con la vida media útil de los vehículos, quedarían fuera de la circulación los vehículos de combustión, salvo los considerados históricos, excepciones, vehículos muy particulares". La futura normativa además apuesta por las energías verdes -que deberán representar el 35% del total en 2030- y por reducir más las emisiones de CO2.

El año pasado, los primeros borradores de la Ley de Cambio Climático provocaron controversia y malestar en la industria automovilística y también críticas en el seno de la Comisión Europea al incluir un veto a la comercialización de vehículos de combustión desde 2040 que en esos ámbitos se veía incluso contrario a la legislación comunitaria. La ministra de Industria, Reyes Maroto, llegó a defender en septiembre que los coches de automoción "tenían recorrido". El verbo "prohibir" se ha caído finalmente del anteproyecto que desde ayer ha iniciado su tramitación parlamentaria, siendo reemplazado por otras expresiones según las cuales las distintas Administraciónes "tomarán las medidas necesarias" para que en 2040 dejen de venderse coches nuevos de combustión (incluidos los híbridos) y para que no circulen por las carreteras y ciudades españolas a partir de 2050. A los vehículos que queman combustibles fósiles les quedan por tanto 30 años de recorrido.

Teresa Ribera matizó que la circulación de los coches que emiten más dióxido de carbono (CO2) puede quedar restringida antes, a raíz de la obligación que tendrán los municipios de más de 50.000 habitantes de establecer en sus centros urbanos "zonas de baja emisión".

La Ley de Cambio Climático forma parte de la arquitectura legal que, bajo instrucciones de la UE, tienen que desplegar los países para buscar el objetivo de la neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero en el horizonte de 2050. El texto enuncia objetivos intermedios que ya eran conocidos: alcanzar en 2030 en España un nivel de emisiones inferior en un 20% al de 1990 y que en esa misma fecha el 35% del consumo de energía final y el 70% del consumo de electricidad proceda de fuentes renovables. Según fuentes de la coalición de Gobierno, esas metas se tratarán de modificar durante la tramitación parlamentaria para fijar otras más ambiciosas, que llevarán la reducción de emisiones al 23% y la cuota mínima de energías verdes al 42%. Es un cambio congruente con la posición que el Ejecutivo español y en particular la ministra Ribera están defendiendo a escala europea: elevar también la ambición de los objetivos de la UE (pasar de una meta de reducción de emisiones del 40% al 50% o más para el conjunto de la Unión ). En suma, impulsar un proceso de descarbonización más rápido que el perfilado hasta ahora.

Teresa Ribera y buena parte de sus colegas de otros países, así como la propia Comisión Europea, defienden que la transición energética se convierta en una de las principales palancas de los planes de reconstrucción económica para dejar atrás la crisis asociada a la pandemia del coronavirus. Según la ministra española, la tramitación de la Ley de Cambio Climático "es una oportunidad para debatir la recuperación verde que quiere Europa". "En un momento en el que tenemos que abordar el proceso de recuperación frente al Covid-19, la transición energética se va a convertir en una fuerza motriz determinante para generar actividad económica y empleo a corto plazo, y hacerlo de forma coherente con lo que necesitaremos como país en el medio y en el largo plazo", añadió Ribera.

Los informes asociados al anteproyecto de la normativa impulsada por el Gobierno sostienen que el cambio que impulsará la citada norma propiciará hasta 2030 inversiones por valor de 200.000 millones de euros (el 70% capital privado) y la creación de entre 250.000 y 350.000 empleos al año.