La contención de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 está funcionando y el intento de reactivar cuando antes el turismo para mitigar los efectos de la crisis económica que se está gestando acelerará la vuelta a la "nueva normalidad". El Gobierno suprimirá "en días" el estado de alarma en algunas comunidades en función de su situación epidemiológica, eliminando así las restricciones a los movimientos. Ante esa posibilidad, Galicia esgrimió sus datos positivos de evolución de la enfermedad Covid-19 y la disminución de presión sobre su sistema sanitario para pedir ser incluida en ese grupo a partir del 7 de junio, cuando finalice la fase 2 y la última prórroga del estado de alarma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó ayer esta opción a los presidentes autonómicos en la decimoprimera videoconferencia desde que el 14 de marzo se aprobó el régimen de excepcionalidad. Prevé que todo el Estado recupere todos los derechos ciudadanos a finales de junio o principios de julio, momento a partir del cual las reuniones de ese tipo dejarán de ser semanales.

Esta situación coincidirá con la apertura al turismo, pues a partir de julio -el día 12 se celebran elecciones en Galicia y Euskadi- España permitirá la llegada de turistas extranjeros. Galicia, sin embargo, quiere subirse al primer vagón de salida de la desescalada, cuestión que la Xunta vincula a mayores opciones de luchar contra la "profunda crisis económica, de deuda pública, de déficit público y de desempleo" que se está gestando, según el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que descartó un posible corralito.

El dirigente justificó su petición de vuelta a la normalidad, que, sin embargo, no sería completa, pues en Galicia está vigente también la emergencia sanitaria declarada por la Xunta. "La apertura que supuso pasar de la fase 0 a la 1 no se tradujo en un empeoramiento de la situación vírica, estamos en mejor situación hoy de la que estábamos en el momento en que iniciamos el estado de alarma", expuso, no sin antes señalar como una de las causas de esa mejora el "adelanto" de su administración a la hora de tomar medidas contra el coronavirus, mensajes criticados por la oposición en un momento de tensión política tras la convocatoria de elecciones autonómicas el 12 de julio. Galicia declaró la emergencia sanitaria 24 horas antes del anuncio del estado de alarma.

De concretarse la opción de una vía rápida para abandonar el estado de alarma, Galicia procedería con "cautela" a la hora de recibir "ciudadano procedentes de otros territorios", aunque una comunidad carece de competencias para vetar la entrada de ciudadanos de otras autonomías, como recordó la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, cuando le pidieron cerrar su región al inicio de la crisis. Además, la Xunta avanzó que "establecería límites de aforos en determinadas actividades".

"Es un futurible, pero si el Gobierno da esa posibilidad y la situación epimediológica lo sigue garantizando, dentro de Galicia no serían necesarias restricciones de movilidad", expuso el presidente autonómico, que pidió al Ejecutivo central ser "meticuloso" a la hora de autorizar la llegada de turistas de países asiáticos con problemas con el Covid-19.

Protocolo de seguridad

También aprovechó su comparecencia para plantear nuevas y viejas exigencias al Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos. Tras el anuncio de la reactivación turística, demandó un "protocolo" de seguridad para prevenir rebrotes del Covid-19 alentados por la llegada de visitantes. De hecho, los informes esgrimidos por la Xunta para justificar la convocatoria electoral lo antes posible alerta del impacto de los visitantes: "La afluencia de turistas puede multiplicar, en una cifra imposible de determinar en este momento, las posibilidades de entrada de nuevas infecciones en la comunidad".

Otras dos de sus peticiones serán estudiadas por Sánchez, lo que abre la puerta a cambios inminentes. Una se refiere al método para calcular el aforo máximo de las playas, que los ayuntamientos deberán controlar incluso limitando la estancia en las mismas. Para saber cuánta gente puede acceder a cada arenal, el Gobierno determina una persona por cada cuatro metros cuadrados de superficie, pero descontando seis metros desde la orilla en pleamar. "Está pensado en el Mediterráneo, pero poco para el Cantábrico y el Atlántico", se quejó Feijóo, en alusión a la oscilación de las mareas. "[Ese sistema] supone en la práctica vetar buena parte de los arenales de Galicia. Muchos no podrán ser utilizados", se quejó sobre un límite que pidió ajustar a cada situación de la marea.

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A Coruña comienza el vallado de las playas para la fase 2

Otra de las demandas que analizará el Ejecutivo central se refiere a los movimientos interprovinciales. Feijóo porfió en reclamar la autorización, un día después de que se habilitasen visitas solo entre concellos de diferentes provincias que sean limítrofes y por "necesidades socioeconómicas".

Feijóo esgrimió la condición de Galicia como "ciudad única" para pedir luz verde general a los viajes interprovinciales para visitar a familiares de segundo grado, a menores tutelados o residentes en centros de mayores, a segundas residencias o a los estudiantes para recoger sus pertenencias.

El Ejecutivo central negociará esta semana con la oposición los criterios de reparto de los 16.000 millones de euros del "fondo para la reconstrucción social y económica" tras la crisis del coronavirus, cuyo primer pago ascenderá a 6.000 millones y se abonará en julio. El resto se distribuirá en aportaciones en septiembre, noviembre y diciembre. De esa cifra, 10.000 millones irán a gasto sanitario, 5.000 a paliar la caída de ingresos autonómicos y 1.000 a gasto social.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, declaró ayer su intención de que los criterios de reparto sean "negociados y consensuados" y resulten justos y equitativos. Tendrán en cuenta "indicadores sanitarios" vinculados al gasto extra por la pandemia y dará "un mayor peso" al criterio de población.

Por otro lado, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció que estudian reducir los 14 días de permanencia de cada territorio en una fase de la desescalada en función de la evolución pandémica.