El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, mantuvo ayer una reunión telemática con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, en la que le pidió eliminar la tasa de reposición en sanidad y servicios sociales -como personal en centros de mayores y de discapacidad-.
El conselleiro apuntó que la eliminación de la tasa de sustitución en el sector sanitario público permitiría ofrecer este año 3.500 empleos en esta área. También se emplaza a quitar el requisito de antigüedad de tres años para considerar un puesto como elegible para su inclusión en los procesos públicos de estabilización del empleo.
El conselleiro también trasladó otras peticiones como restituir la jubilación parcial para el personal de servicio público, así como ampliar a los bomberos forestales el régimen de jubilación del que ya disfrutan en las administraciones públicas, lo que permitiría reducir su edad de retiro.
Junto a esto, el conselleiro demandó que en el reparto de los 16.000 millones a comunidades ante el impacto del coronavirus se sigan los criterios ya empleados en el sistema de financiación autonómica. También requiere el pago de la mensualidad pendiente del IVA de 2017.
Por su parte, Valeriano Martínez también se reunió por videoconferencia con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, dentro de la ronda de encuentros que ha comenzado con todos los consejeros autonómicos con competencias en materia de Función Pública, para avanzar en asuntos comunes en la gestión, en un encuentro bilateral antes de que se reúna la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas que la ministra convocará al finalizar los contactos con los distintos consejeros autonómicos.
En este encuentro se abordaron los planes de estabilización del empleo público de cara al futuro, "ya que la extensión de la pandemia y la actual situación sanitaria han impedido seguir desarrollando los procesos de estabilización previstos y el impulso a nuevos proyectos para la mejora y estabilidad".
Galicia cuenta con 147.902 empleadas y empleados públicos, de los que 93.368 (63,1%) son de la Xunta, 27.527 (18,6%) de las entidades locales y 27.007 (18,2%) de la Administración General del Estado.
